Índice
2011
Noviembre
Luchas en el
territorio de los símbolos Anamaría
Cofiño K
Seguridad
solo corresponde al Estado Rosalinda
Hernández Alarcón
Otras opciones
Anamaría Cofiño K
Octubre
Hay
que insistir Rosalinda Hernández
Alarcón
Avances en las alianzas de mujeres
rurales Rosalinda Hernández Alarcón
Apoyar a
la cultura Anamaría Cofiño K.
Septiembre
Protestas
contra la bolsa en Wall Street
Rosalinda Hernández Alarcón
A
favor del estado de palestina
Anamaría Cofiño K
Quede
quien quede Anamaría Cofiño K
Reflexiones
al fin del periodo electoral
Rosalinda Hernández Alarcón
Agosto
Voto
simbólico Anamaría Cofiño Kepfer
Hasta cuándo se
verá la problemática agraria
Rosalinda Hernández Alarcón
Dictaduras
Tropicales Anamaría Cofiño Kepfer
Qué se puede esperar de
quien miente Rosalinda Hernández
Alarcón
Julio
Acabar
con la impunidad reclamo general
Rosalinda Hernández Alarcón
Familia, religión, estado
Anamaría Cofiño Kepfer
Cuidado con la
opción militarista Rosalinda
Hernández Alarcón
Otra fiesta democrática
Anamaría Cofiño Kepfer
Junio
Que
lo saquen Anamaría Cofiño Kepfer
Perseverancia
que tiene resultados Rosalinda
Hernández Alarcón
Polochic:
sigue corriendo sangre Rosalinda
Hernández Alarcón
¿Por
qué los mataron? Anamaría Cofiño
Kepfer
Mayo
Es
tiempo de cambiar las reglas
Rosalinda Hernández Alarcón
Sexo y
política Anamaría Cofiño
Sin paridad hay
discriminación Rosalinda Hernández
Alarcón
Los deseos de
nuestro cuerpo Anamaría Cofiño
Abril
Los
deseos de nuestro cuerpo Anamaría
Cofiño
Por nuevas
relaciones políticas Rosalinda
Hernández Alarcón
El pasado
en el presente Anamaría Cofiño
Hay que hablar más
del Polochic Rosalinda Hernández
Alarcón
Marzo
Rogelia,
Nora, Alaíde, Yolanda, Haydeé, Myrna,
Adelina, Irma, Aura Marina...
Anamaría Cofiño
Sangre en el Polochic Rosalinda
Hernández Alarcón
Por la defensa del agua y el territorio
Anamaría Cofiño
Una contribución a la ciudadana plena
Rosalinda Hernández Alarcón
Febrero
Significado de un
estado de sitio en Guatemala
Rosalinda Hernández Alarcón
800 mil veces no Anamaría Cofiño
Aumento salarial y trabajo femenino
Rosalinda Hernández Alarcón
Desarrollo que mata Anamaría Cofiño
Enero
Las ruquitas
Anamaría Cofiño
Diálogos de sordos Rosalinda
Hernández Alarcón
Columnas
Luchas
en el territorio de los símbolos
Anamaría
Cofiño K.
(19 de
noviembre 2011)
El
conocimiento, la memoria y la verdad son
campos de poder que hoy están en
disputa.
El uso de símbolos para representar ideas
es tan antiguo como la humanidad. La
psicología recurre a los símbolos para
interpretar los conflictos de la psique;
la antropología los analiza para
comprender a las culturas. La publicidad
abusa de ellos para manipular los
sentimientos de la población y alentar el
consumo, muchas veces con mensajes ocultos
que se nos instalan en la mente sin
saberlo o peor aún, contra nuestra
voluntad.
En la reciente campaña electoral los
símbolos que los partidos eligieron como
representación gráfica de sus ideologías
se imprimieron en cuanto lugar de paso
hubiera para grabarlos en el imaginario
social. Manos en diferentes posiciones
fueron las opciones más fuertes entre las
cuales la ciudadanía tuvo que elegir.
Llama la atención que el partido patriota
se haya apropiado del puño alzado, gesto
que diversos movimientos de liberación han
utilizado en sus luchas contra los
sistemas opresivos en muchas partes del
planeta. El puño combativo ha sido un
llamado a derrocar a los sistemas
opresores. En muchas protestas populares
se escucha las voces coreando “ese puño sí
se ve” en referencia a la presencia de
organizaciones que proponen
transformaciones sociales y económicas.
Los grupos contra el racismo y la
discriminación siguen utilizándolo y los
indignados e inconformes que luchan contra
las políticas neoliberales lo replican de
nuevo.
En Guatemala, grupos cercanos a los
militares que dirigieron la guerra
contrainsurgente han emprendido campañas
que buscan imponer su versión de la
historia, su ideología violenta e
inclusive una estética que represente sus
intereses y vocación. Además de la mano
dura, utilizaron canciones que
simpatizantes de izquierda compusieron
para llamar a incorporarse a sus filas.
Este 13 de noviembre -fecha conmemorativa
del alzamiento de jóvenes militares contra
el derrocamiento de Jacobo Árbenz, evento
que nombró a un grupo guerrillero-
hicieron una demostración que tenía como
objetivo desmentir el genocidio que
cometieron contra el pueblo, bajo la
bandera de un anticomunismo fascista que
sigue oponiéndose a las transformaciones
estructurales que saquen al país del
atraso y la injusticia.
Es evidente que estamos en medio de
batallas en el campo simbólico. Lo que
resalta aquí es que los chafas no cuentan
con ideas propias, y por ello están
robándose propuestas progresistas,
re-significándolas a conveniencia. El
colmo es que en el programa de un
exgeneral kaibil agente de la represión,
ahora aparezca la Buena Vida como opción
de desarrollo, a la par de advertencias
veladas hacia quienes defienden los
territorios de la explotación de los
bienes naturales. Inclusive, organizarse
en células, como lo hizo en sus tiempos el
partido comunista, es muestra de su
debilidad conceptual. No es casual que
recurran al secuestro de símbolos
democráticos quienes han practicado la
desaparición, la tortura y el asesinato
como armas para la dominación.
[Regresar
al índice]
Seguridad
sólo corresponde al Estado
Rosalinda
Hernández Alarcón
(12 de
noviembre 2011)
“Me robaron mi reloj mientras esperaba en
mi carro que el semáforo marcara el siga”.
“Me asaltaron en la calle, tuve que
entregar mi bolsa cuando me mostraron un
cuchillo”. “Yo no salgo en las noches
porque es muy peligroso, recientemente
violaron a mi hermana”. “Las amenazas de
secuestro y extorsión son cosa de todos
los días”. Estos comentarios más de alguna
oportunidad los hemos escuchado. No sin
razón, en el imaginario social resalta
como principal la demanda de seguridad. Es
tan potente la exigencia que incluso
desdibuja otras problemáticas sociales
como la desnutrición y el hambre o la
prestación de servicios públicos de mala
calidad.
Ante el panorama de inseguridad, la
situación de temor y la incapacidad para
detener la delincuencia y el crimen
organizado, hay voces que pregonan una
consigna que resulta de mayor peligro, y
ésta se refiere a asegurar que es una
responsabilidad también de la sociedad
civil garantizar la seguridad pública. Tal
argumentación es la que respalda la
formación de comités de seguridad o
fuerzas de tarea integrados por personas
ajenas a instancias estatales.
La inseguridad que se vive en este país no
puede servir de argumento para justificar
que las ciudadanas y ciudadanos deben
asumir su propia seguridad. Las personas
con poder económico lo están haciendo, no
siempre con éxito, y han aportado grandes
ganancias a empresas privadas en lugar de
pagar más impuestos. Otras avalan la
proliferación de armas o los comités de
seguridad ciudadanos, sin pensar las
repercusiones que ello implica cuando
incurren en abusos de diferente índole.
Existen ejemplos que demuestran cómo
patrulleros civiles, bajo el pretexto de
dar seguridad a sus comunidades,
asesinaron a quienes consideraban enemigos
y violaron a mujeres con el pretexto de
demostrar poderío. Actualmente se conocen
de las arbitrariedades cometidas por un
comité en Panajachel, Sololá, y he
escuchado voces de alarma por la actuación
de comités de seguridad ciudadana en
municipios de San Marcos y Huehuetenango,
donde ni la policía oficial entra.
El ente legítimo para garantizar la
seguridad es el Estado, cuyos cuerpos, a
través de la persuasión o la fuerza, son
los únicos responsables de desactivar a la
delincuencia y el crimen organizado, los
cuales están obligados a respetar los
derechos humanos. Y esa potestad ha sido
delegada por la ciudadanía que les paga,
mediante la aportación de impuestos, de
ahí que le corresponde exigir que cumpla
su cometido de cuidarla.
Aceptar como irremediable la
corresponsabilidad en la seguridad
ciudadana es una aberración. La
desesperación no puede servir de aval para
formar fuerzas de tarea integradas por
sociedad civil y Estado. Hay muchos
prepotentes armados deseosos de formar
parte de poderes paralelos, por ello es
importante rechazar los grupos de
seguridad ajenos a la institucionalidad
del Estado.
[Regresar
al índice]
Otras
opciones
Anamaría
Cofiño K.
(5 de
noviembre 2011)
Anoche una amiga inteligente y opinada
me llamó avestruz cuando le dije que no
voy a votar. Le tuve que explicar que
considero que mi voto por el menos chafa
no sería digno ni consciente. Además,
porque creo que marcar una boleta en estas
condiciones fortalece al sucio sistema que
se ha impuesto como sucedáneo de una
democracia real. Mi decisión es seguir
señalando los defectos del sistema y
apoyar otros intentos de transformación,
por vías distintas.
Me refiero al establecimiento de vínculos
con organizaciones y personas que están
dispuestas a relacionarse con el mundo de
manera más responsable, creativa y
coherente. Es decir, con quienes ya
asumieron que la naturaleza no es un
recurso que hay que dominar y explotar;
con quienes han descubierto el racismo que
nos atravieza y están procurando
quitárselo de encima; con quienes respetan
las diferentes culturas y formas de vida.
Para ejercer la democracia hay mecanismos
políticos más directos, como son las
asambleas y consultas populares, que abren
la oportunidad a las comunidades para
opinar abiertamente sobre problemas que
les afectan. Igualmente, la confluencia de
organizaciones sociales en acciones
comunes puede provocar más efectos que la
inversión millonaria en campañas absurdas
y vacías.
Este domingo quedará formalmente electo el
hombre que ocupará el cargo más alto en
la jerarquía del Estado, junto con la
mujer que hará el papel de suplente y le
apoyará en el gabinete. Entre la mano dura
que golpea y la pena de muerte, la
violencia es la que gana.
Ya nos estamos imaginando cómo será el
próximo gobierno y el rumbo que tomarán
las políticas en materia de seguridad,
salud, educación, etcétera. Si el equipo
que respalda a Otto Pérez resulta
triunfante, es probable que echen para
atrás los pequeños avances que se han
dado, al menos en materia de derechos
humanos. Esto se puede concluir a partir
de la estrategia que están implementando
los sectores más retardatarios al poner a
la fiscal Claudia Paz y Paz en la mira,
para quitarla del camino, por ser una
funcionara eficaz que ha fortalecido el
trabajo del Ministerio Público en la
persecusión penal.
De su lado Baldizón con un discurso
populista, no es alternativa, puesto que
ha demostrado que puede pactar con dios y
con el diablo, sin escrúpulos, así como
parece que lo ha hecho con sus financistas
y promotores. Si bien es cierto que su
asenso ha sido vertiginoso, no es porque
su propuesta sea la que el país requiere,
sino la que hace más bulla. Da grima
pensar en qué tipo de gobierno haría y que
intenciones de enriqueciemiento propio
pondría a trabajar.
Así las cosas, mi opción política es la
de una ciudadana que se niega a agachar la
cabeza y callarse frente a las injusticias
que la impunidad ha perpetuado, y quien
está dispuesta a construir una Guatemala
en la que se pueda vivir bien y en paz.
[Regresar
al índice]
Hay que insistir
Rosalinda
Hernández Alarcón
(29 de
octubre 2011)
Nunca
es tarde para exigir justicia
Cuando
la violencia generada por las fuerzas del
Estado adquiere tan terribles dimensiones,
la dignificación de las víctimas del
conflicto armado en Guatemala es una
acción que sin duda contribuye al anhelo
de justicia. Por más complicado que sea el
camino para romper la impunidad que
persiste por las ejecuciones
extrajudiciales, cometidas por los
aparatos de seguridad, es una tarea válida
que requiere gran perseverancia, la cual
adquiere mayor vigencia al conocer de la
sentencia de cadena perpetua aplicada a
los genocidas argentinos.
En términos paradójicos, mientras los
crímenes cometidos como parte de los
programas de terrorismo de Estado fueron
perpetrados sin más trámite que una orden,
lograr una sentencia obliga seguir
procesos judiciales que enfrentan un
sinnúmero de tropiezos y los prolongan por
años, y cuando hay avances para enjuiciar
a los presuntos culpables, ocurre que ya
fallecieron o apelan por clemencia bajo el
pretexto de la senectud. En Guatemala,
personas sobrevivientes del genocidio
continúan haciendo esfuerzos para lograr
justicia, pero los generales que están
detenidos en el centro médico militar,
intentan seguir retrasando los juicios por
“quebrantos de salud”.
El acto realizado hoy para dignificar a
dos humanistas comprometidos con la
justicia, Edna Ibarra de Figueroa y Carlos
Alberto Figueroa Castro, asesinados por el
llamado ejército secreto anticomunista
hace 31 años, es una acción relevante, ya
que el Estado de Guatemala reconoció su
responsabilidad en la muerte violenta de
dos personas de bien. Hecho ocurrido como
parte de un programa gubernamental de
carácter selectivo que desaparecía o
masacraba a quienes consideraba enemigos.
Es además oportuno por su carácter
simbólico que nos llama a no olvidar los
hechos ocurridos en Guatemala que
continúan sin castigo. La familia Figueroa
Ibarra sufrió una infamia que no se olvida
y reclama justicia.
La carta de perdón, suscrita por el
presidente guatemalteco, que recibieron su
hija Lucy e hijos es una acción bien
merecida, porque ellos no sólo sufrieron
la pérdida de sus progenitores sino las
secuelas de la persecución y el exilio
forzado. Quiero resaltar lo que uno de
ellos anotó al agradecer tal
reconocimiento: solo habrá un verdadero
perdón cuando en este país se deje de
criminalizar a las y los luchadores
sociales, cuando mujeres y hombres
campesinos dejen de ser arrasados por el
gran capital, cuando se deje de contaminar
y destruir la naturaleza por fines de
lucro, cuando se respete las demandas
sociales que rechazan la minería o las
grandes hidroeléctricas...
[Regresar
al índice]
Avances en las
alianzas de mujeres rurales
Rosalinda
Hernández Alarcón
(15 de
octubre 2011)
Medio
centenar de lideresas evalúan 10 años de
su historia
“Vemos que los avances
políticos son grandes pasos que hemos
dado… salimos más fortalecidas con
nuestras reflexiones… ahora tenemos que
definir por cuáles demandas vamos a luchar
juntas”, así lo expresaron participantes
al IV Encuentro Nacional de Articulación
de Organizaciones de Mujeres Rurales y
Lideresas de Agrupaciones Mixtas,
realizado en esta capital.
Cuando intercambiaron
opiniones acerca de sus demandas, la
mayoría ratificó: acceso a la tierra,
“antes hablamos de patrimonio familiar o
copropiedad, ahora decimos por el derecho
de las mujeres a la tierra… como una
propiedad directa para nosotras”, además
la entienden como la recuperación
histórica de un derecho que les
corresponde y siempre les han negado. Por
el derecho a una vida sin violencia y el
ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos, fueron otras.
Al analizar sus avances
políticos señalaron que aunque viven en
regiones diferentes de Guatemala,
enfrentan las mismas opresiones: la
desigualdad y discriminación por ser
mujeres, indígenas y pobres. Se
identificaron como mujeres distintas en
edad, idioma, etnia, tienen o no hijas e
hijos, comparten vida en pareja o no,
tienes años de experiencia política o
recientemente inician su participación,
trabajan la tierra, son artesanas y
realizan múltiples actividades. Ellas
valoran todos los trabajos que realizan
(reproductivo, comunitario y productivo) y
exigen su reconocimiento. “Estamos
conscientes que somos diferentes, pero nos
unen muchas experiencias... hemos
descubierto las cosas buenas que hemos
compartido y podemos seguir compartiendo”.
Cabe resaltar lo que
hablaron al referirse a su autonomía, como
proceso para ser libres para hablar,
opinar y decidir. Para ellas, es
especialmente complicado a partir de la
violencia que existe en sus hogares, donde
trabajan o cuando viajan, “cómo dejar de
pedir permiso… cómo dejar de sentir
culpa…”. Indicaron que la difícil
situación económica también afecta su
autonomía.
Este encuentro y el
Festival por las Mujeres Rurales, que
tendrá lugar este día 15 en la mañana en
la Plaza de la Constitución, forman parte
de acciones conjuntas. Ellas seguirán con
sus encuentros regionales, compartiendo y
evaluando sus experiencias de lucha.
Lamentaron que muchas de las delegadas
convocadas no asistieran por los
derrumbes, pero no es la primera vez que
enfrentan ese tipo de dificultades, de ahí
que su optimismo sigue a pesar de la
problemática tan compleja que viven en sus
comunidades y las barreras para lograr su
“liberación”, entre ellas: la iglesia que
pregona la sumisión de las mujeres, los
medios de comunicación que las
invisibiliza, las leyes que no las
protegen, las instituciones que sólo las
ven como personas vulnerables y no como
lideresas con capacidad de propuesta para
gestionar proyectos, para incidir en el
funcionamiento de los consejos de
desarrollo y las oficinas municipales de
la mujer, etcétera.
Este movimiento contra
la codicia, la corrupción y los recortes
presupuestarios para gastos sociales
sirven para llamar la atención pública y
ratifican la validez de la propuesta,
sobre todo ahora que las empresas
mediáticas sólo hablan de inseguridad,
abogan por el armamentismo y defienden las
medidas militares.
Acabar con la impunidad
de los banqueros corruptos siempre fue
bien visto por mi mamita, quien hoy
descansa en paz y de manera constante
manifestó su rechazo a los malos gobiernos
estadounidenses, entre ellos, los Bush,
Clinton y Obama. Aprovecho la oportunidad
para agradecer las múltiples muestras de
apoyo y cariño recibidas en Guatemala ante
su partida.
[Regresar
al índice]
Apoyar a
la cultura
Anamaría
Cofiño K.
(8 de
octubre)
Octubre,
mes de la Revolución
Entre las obligaciones
del Estado está apoyar a la cultura,
entendida como el conjunto de expresiones
que contribuyen a ampliar las capacidades
creativas del ser humano. En este sentido,
el Estado debe asignar recursos para
artistas, intelectuales y promotores, para
proyectos de divulgación, escuelas, obras
e infraestructura adecuadas.
El proceso
revolucionario que inició con el
derrocamiento de Ubico en 1944 marcó a
varias generaciones que gozaron la
publicación masiva de libros, el acceso al
conocimiento universal, la posibilidad de
formarse en la pintura, la danza, la
música, el teatro. Todo eso fue destruido
bajo la bota militar. A los chafas la
cultura les ha parecido subversiva y por
tanto, han censurado a quienes cuestionan
las enseñanzas divinas. La política que se
practicó a partir de la invasión del 54,
ha hecho todo lo posible por imponer una
cultura de violencia.
Como resultado de
luchar por más de treinta años contra las
dictaduras, se abrieron espacios de
libertad que hoy la juventud disfruta, sin
saber de dónde provienen. Esos fueron de
los pocos logros obtenidos, ya que las
demandas de transformaciones económicas
siguen sin resolverse. Se podría decir que
es un éxito simbólico, pero ha significado
muchísimo en la conciencia colectiva. En
buena medida, les debemos a los miles de
desaparecidos y asesinados la posibilidad
de hablar y decir, el disfrute del derecho
a saber, a pensar, a salir. También somos
tributarias de quienes han trabajado para
promover la curiosidad, la crítica, la
autonomía, el humor. Las libertades
(expresión, locomoción, organización,
etc.) de que gozamos son una construcción
en ciernes que está en crecimiento, pero
también bajo amenaza y riesgo.
Ante la posibilidad de
que el próximo gobierno eche para atrás
nuestras libertades y destruya lo que con
tanto esfuerzo se ha ganado, es necesario
valorar lo que tenemos y defenderlo como
vital. No hay que olvidar que durante los
regimenes militares se quemaron libros, se
persiguió y asesinó a artistas y a la
gente pensante, desde la estrechez del
anticomunismo, ideología de la violencia
que se representa con símbolos como la
mano dura y la pena de muerte.
Por ello, cada ejemplar
del Diario de Centroamérica y su Revista
de los viernes los atesoro, pensando que
pueden ser los últimos de una temporada en
la que dicho periódico adquirió niveles de
calidad dignos de reconocimiento. Nombrar
en la dirección de la Tipografía Nacional
a Ana María Rodas fue uno de los pocos
aciertos de este gobierno. Gracias a ello,
hoy disfrutamos la lectura de libros de
autoras y autores nacionales
fundamentales, y artículos de Ignacio
Ramonet y Leonardo Boff, analistas
críticos con ideas progresistas de
transformación social. Los rumores
electrónicos respecto al futuro mencionan
a posibles directores de estas
instituciones que nos remiten al
pensamiento único, conservador y
teológico. Sería una pérdida que el DCA se
convirtiera en un catecismo neoliberal.
[Regresar
al índice]
Protestas
contra la bolsa en Wall Street
Rosalinda
Hernández Alarcón
(31 de
septiembre de 2011)
Cárcel a
especuladores financieros que existen en
todo el mundo.
El movimiento contra el
sistema financiero que inició en la ciudad
de Nueva York desde el 17 de septiembre ha
tenido escasa difusión, y de eso se han
encargado los monopolios mediáticos, en
tanto es relevante que la ciudadanía
exprese su rechazo a los banqueros y
empresarios que continúan acaparando
riquezas. Gracias a los medios
alternativos, es posible conocer algunas
informaciones relacionadas a estas
protestas que -para sorpresa y admiración
de muchos- tienen lugar en la “gran
manzana”.
Estas manifestaciones
se vienen realizando en la ahora llamada
Plaza Libertad, a un par de cuadras del
complejo financiero, donde las fuerzas
policíacas no han tardado en reprimir con
fuerza desmedida a quienes participan en
los plantones. A pesar de esa mano dura,
personas de todas edades se siguen sumando
a este movimiento, recientemente lo hizo
el Sindicato de Trabajadores del
Transporte de Nueva York.
A decir de los grupos
convocantes al denominado movimiento
“Ocupa Wall Street”, recuperan las
experiencias de protesta pacífica que han
tenido lugar en varios países árabes y los
indignados españoles. Y su rechazo
principal es porque en Estados Unidos a
quienes acumulan mayores riquezas son
quienes están exentos del pago de
impuestos.
Noam Chomsky, un
conocido académico estadounidense quien
siempre ha avalado la consigna de otro
mundo es posible, al dar a conocer su
apoyo a las protestas, calificó de
valientes y honorables a quienes
participan en este movimiento contra los
“gánsters” de la plaza financiera que han
causado severos daños al pueblo de Estados
Unidos.
Lo importante de estas
acciones ciudadanas es que están
cuestionando el sistema neoliberal que
continúa generan crisis de manera cíclica
y cuyas consecuencias recaen en quienes
viven de su trabajo, mientras que los
especuladores financieros reciben
prebendas económicas de los Estados y
gozan de impunidad. Así los ladrones de
cuello blanco en lugar de ser sentenciados
por sus actos de corrupción, los gobiernos
serviles los salvan trasladándoles dineros
públicos como ha ocurrido en varios
países.
Este movimiento contra
la codicia, la corrupción y los recortes
presupuestarios para gastos sociales
sirven para llamar la atención pública y
ratifican la validez de la propuesta,
sobre todo ahora que las empresas
mediáticas sólo hablan de inseguridad,
abogan por el armamentismo y defienden las
medidas militares.
Acabar con la impunidad
de los banqueros corruptos siempre fue
bien visto por mi mamita, quien hoy
descansa en paz y de manera constante
manifestó su rechazo a los malos gobiernos
estadounidenses, entre ellos, los Bush,
Clinton y Obama. Aprovecho la oportunidad
para agradecer las múltiples muestras de
apoyo y cariño recibidas en Guatemala ante
su partida.
[Regresar
al índice]
A
favor del estado de palestina
Anamaría Cofiño K.
(17 de
septiembre)
La obstaculización de
Estados Unidos al reconocimiento de
Palestina como Estado libre y soberano con
plenos derechos es una muestra
extrema de intervencionismo. Esta
posición es reflejo de su alianza
incondicional con Israel en defensa de sus
intereses económicos y políticos en el
Medio Oriente, pero al mismo tiempo es una
postura guerrerista que entorpece la paz
en el mundo.
La lucha del pueblo
palestino por habitar y gobernar sus
territorios históricos es justa desde el
punto de vista humanitario puesto que es
un derecho que les ha sido arrebatado
arbitrariamente, a un costo demasiado
alto, pagado con vidas de mujeres, niños y
hombres inocentes que han tenido que vivir
en situación de guerra o han muerto bajo
los ataques israelíes. La implantación
forzosa de colonias judías en Gaza y
Cisjordania es una ocupación militar, ni
más ni menos. Los ataques armados a la
población civil son la punta de un iceberg
que tiene como base bloqueos comerciales,
amenazas, robo de fuentes de agua,
destrucción de plantaciones y muchos otros
crímenes de lesa humanidad.
En todo el mundo surgen
movimientos que demandan el reconocimiento
de Palestina como Estado, y piden que se
respeten las fronteras que existían antes
de 1967. Las Mujeres de Negro, por
ejemplo, exigen poner punto final a este
enfrentamiento desigual y sangriento que
ya ha cobrado demasiadas víctimas.
Inclusive al interior de Israel existen
críticos al gobierno y disidentes que
demandan se reconozcan los derechos de sus
vecinos palestinos.
La Autoridad Nacional
Palestina ha planteado ante la Asamblea de
Naciones Unidas a celebrarse la próxima
semana, su reconocimiento como Estado
integrante de dicho sistema, con el apoyo
de 140 naciones, entre miembros de la
Unión Europea, la Liga Árabe y varios
países del continente Latinoamericano,
incluidos Honduras, El Salvador y
Nicaragua.
Es imperativo que
Guatemala se sume a ellos, que asuma una
postura democrática y humanitaria con un
pueblo que no ha hecho sino luchar por su
independencia. La solidaridad con el
pueblo palestino debe patentizarse de
forma clara y congruente, declarando
nuestra adhesión a esta iniciativa que no
implica amenaza alguna para el Estado de
Israel, y que más bien es un acto de
equidad. Alinearse con Estados Unidos es
perder soberanía y constituye un acto de
sumisión inaceptable.
El Secretario General
de Naciones Unidas, Ban Ki Moon tiene en
sus manos una brasa candente. El gobierno
de Estados Unidos ha declarado que vetará
esa decisión abrumadoramente mayoritaria
para quedar bien con el bloque sionista
norteamericano que financia las agresiones
armadas de los llamados “colonos”. Del
otro lado están innumerables
organizaciones humanitarias de todo el
mundo que han denunciado las atrocidades
cometidas por el ejército de Israel, y que
junto a un grupo creciente de ciudadanos
de ese mismo país, piden atender la justa
demanda de los palestinos para vivir en
paz y liberarse de la opresión del estado
militarista de Israel.
[Regresar
al índice]
Quede
quien quede
Anamaría
Cofiño K.
(10 de
septiembre)
Esta es la hora en que
mucha gente no sabe qué va a hacer mañana.
Síntoma del desencanto ciudadano que
prevalece por la manera en que funciona el
sistema político, al servicio de los
grupos de poder y anegado en la
corrupción. Lo que más se escucha es que
quienes van a votar, lo van a hacer en
rechazo o por miedo, muy pocos están
convencidos de alguna opción, si mucho,
tienen algún interés personal. Predomina
la sensación de que nada va a mejorar y
que en todo caso, el crimen organizado es
el que va a salir favorecido.
Muchas personas piensan
ir a las urnas a anular el voto con
insultos o consignas. Sería bueno ver lo
que van a escribir, si eso fuera posible
sabríamos qué opina la ciudadanía. Ojalá
los observadores nos cuenten lo que decían
las boletas.
Vistos y analizados los
discursos y propuestas que se han hecho
durante la campaña, lo más probable es que
el próximo gobierno invierta más en armas
y pertrechos de guerra que en educación y
salud, con el pretexto de la inseguridad.
Así, la perspectiva de una confrontación
entre delincuentes de distintos bandos es
un horizonte muy posible, que coloca a la
población inerme entre dos fuegos.
Igualmente, la implementación de
políticas económicas de corte neoliberal
(privatizaciones, saqueo y venta de los
bienes naturales y del patrimonio
cultural, reducción de beneficios a las
clases trabajadoras, imposición de medidas
de choque) está a las puertas, con las
consecuencias nefastas que ya hemos visto.
Si sumamos la militarización de la
sociedad que nos ofrecen, con el interés
en un desarrollo excluyenete basado en la
extracción de recursos, el resultado puede
ser un territorio devastado y una
población empobrecida y silenciada.
Votar con las manos
atadas, como en este caso, no es elegir,
sino participar en un procedimiento
burocrático que es más un juego en el que
los ganadores están cantados, gracias a
que tienen más plata para comprar
votantes. Siento un repudio visceral a
este mercado de ofertas ridículas que no
tienen ton ni son. Y por tanto, manifiesto
públicamente mi rechazo y ejerzo mi
derecho a protestar, declarándome
abstencionista insumisa, en oposición
abierta ante un sistema que margina a las
mayorías, que nos falta el respeto con
impunidad, y que está llevando el país a
un abismo del que no será fácil salir.
Ante tales
perspectivas, nos queda defender lo poco
que se ha alcanzado con las luchas
sociales y seguir exigiendo la ampliación
de la democracia y la justicia, día a día.
No permitir que nos impongan censuras de
ningún tipo. Impedir que se retroceda en
el ejercicio de nuestros derechos y
libertades. Oponernos enérgicamente a
quienes pretendan seguir enriqueciéndose a
costa de la explotación, utilizando la
violencia. Y continuar construyendo una
propuesta común de transformación radical
y profunda para una vida digna con
bienestar. La revolución que lo haga
posible está pendiente.
[Regresar
al índice]
Reflexiones
al fin del periodo electoral
Rosalinda
Hernández Alarcón
(3 de
septiembre 2011)
A la puerta
del día de las elecciones, vale
considerar el nivel de desigualdad en la
cobertura periodística y las ofertas
para acabar con la violencia.
En una investigación de
la Iniciativa Más mujeres, mejor política
se demuestra el rezago que subsiste cuando
se analizan las notas publicadas en los
medios escritos: las guatemaltecas siguen
estando excluidas, dado que sólo el 15 por
ciento se refiere a la participación
política de las mujeres. El monitoreo de 6
meses demostró que de ese porcentaje, sólo
en ocho de cada cien notas ellas fueron
identificadas como sujetas políticas; es
decir, no las reconocen como portavoces
para interpretar la realidad, de tal
manera que las voces masculinas continúan
siendo las preponderantemente
“autorizadas”, además están casi
invisiblizados los puntos de vista de las
mujeres y las agendas políticas a favor de
la población femenina.
Si bien es cierto que
durante un proceso electoral, las voces de
funcionarias estatales y políticas
tendrían que ocupar importantes espacios
en los medios de comunicación escrito,
ello no tendría que traducirse en borrar
de la escena a otras ciudadanas. En el
análisis referido se estableció que de ese
15 por ciento que se refiere a la
participación política de las mujeres,
únicamente una de cada diez notas se
dedicó a activistas sociales y académicas.
Este sesgo también es excluyente, ya que
el enfoque de la cobertura mediática
convierte en requisito tener un cargo
público o en un partido político para que
se abran los espacios en los medios.
Aparte, quiero insistir
que las consignas proselitistas dirigidas
hacia el incremento del ejército, el
aumento de fuerzas de tarea militar, la
exigencia de la pena de muerte y todas
aquellas que abogan por la mano dura están
condenadas al fracaso, ya que si las
llegaran a aplicar como ejes de su
actuación pública la violencia iría en
aumento. La guerra contra el crimen
organizado en México lo está demostrando
de manera evidente. Las fuerzas de
seguridad por muy bien armadas y
entrenadas que estén son incapaces de
detener las mafias y las secuelas de su
actuación.
En este orden de ideas
recupero la opinión de Gaspar Garzón,
quien fue entrevistado por mi colega
Carmen Aristegui. El juez español expresó
que combatir el crimen organizado con una
guerra es algo perdido, ya que es una
estrategia errónea la utilización del
ejército para combatir todas las
actividades que realiza el narcotráfico.
Indicó que esa delincuencia tiene como
objetivo hacer negocios, de tal manera que
para acabarla –en lugar de guerra- se
requiere liquidar los beneficios que le
permiten esa elevada acumulación de dinero
y poder a partir de las acciones ilícitas
no armadas que realiza: lavado de dinero,
transacciones bancarias ilegales e
inescrupulosas, corrupción de funcionarios
públicos y privados, impunidad en
diferentes niveles. Todo ello se necesita
aquí en muchos otros países.
[Regresar
al índice]
Voto simbólico
Anamaría
Cofiño
(26 de
agosto 2011)
Los medios
promueven tres finalistas del Concurso
para El Peor.
Ante un sistema que
permite a partidos y personas con
antecedentes de corrupción y crímenes
competir por el poder, la creencia en la
participación ha alcanzado su más bajo
nivel. Miles de desencantados están
pensando no ir a votar del todo o anular
las boletas. Estos gestos son genuina
expresión política de la ciudadanía que no
tolera más mascaradas, maneras de oponerse
a un sistema disfrazado de democracia.
Cualquiera sabe que los
partidos no son organizaciones políticas,
sino empresas que compiten por manejar el
Estado para enriquecerse. Son agrupaciones
carentes de salidas para un país cada vez
más empobrecido, estructuras construidas a
la carrera, en las que el compromiso se
compra. Excepcionalmente, existen
candidaturas populares que defienden la
autonomía de sus territorios frente a las
compañías explotadoras. Ideal sería que se
posicionaran del lado de las mujeres, por
la equidad y contra la violencia.
El predominio
ideológico de derecha, con influencias
neoliberales y fuerte protagonismo
militar o cercano a los grupos ilegales,
está a la vista. Hay estilos, colores y
mensajes fascistas que no se pierden.
La indignación crece
frente a candidaturas de delincuentes
perpetuados en puestos que les garantizan
inmunidad. O de gente probadamente incapaz
para cumplir su cargo. La gente se
pregunta de dónde viene tanto dinero para
tirar a la basura en campañas insulsas y
tontas. El descontento popular es medida
de la farsa de una elección en la que no
hay dónde escoger, porque todos proponen
seguir militarizando la sociedad,
vendiendo el país, y perpetuar la cultura
de destrucción y muerte.
La izquierda unificada
está en el margen, como siempre. Por
varias razones: dirigencias caudillistas,
organizaciones jerárquicas, falta de
visión y estrategias, entre otras. En este
contexto, votar por Rigoberta es un voto
simbólico que no busca su triunfo, sino
hacerse presente, mantener vivo el reclamo
de las transformaciones pendientes. No es
necesariamente un voto de apoyo a Winaq,
ANN y URNG, sino a los principios que
buscan la justicia social. Para las
generaciones que lucharon por transformar
la estructura económica de exclusiones y
privilegios, es un voto de nostalgia. Hay
quienes dicen que votar por una mujer
indígena es pasarle la factura al racismo
y las opresiones históricas.
Algunas feministas
coincidimos en que abstenernos en esta
ocasión -en la que los candidatos se han
alineado con los mandatos retardatarios de
la iglesia católica contra los derechos
sexuales- es un acto de rechazo radical a
posiciones conservadoras antidemocráticas.
Nuestra voluntad es seguir construyendo
con nuestras aliadas una propuesta de
sociedad basada en el bienestar común.
Reivindicamos el derecho de todas las
personas a decidir sobre nuestros cuerpos
y nuestros territorios. Confiamos en que
en el futuro podamos apoyar una
alternativa dispuesta a construir
comunidades donde se respete la libertad,
el disenso y las diferencias para convivir
en armonía con la naturaleza.
[Regresar
al índice]
Hasta cuándo
se verá la problemática agraria
Rosalinda
Hernández Alarcón
(19 de
agosto 2011)
Pendiente
el castigo a delincuentes que atacan
familias campesinas y se apropian
ilegalmente de tierras.
En otras coyunturas,
después de la denuncia de algún ataque por
parte de guaruras de finqueros contra
campesinos provocaba que se hablara de la
problemática agraria algunos días. Como
actualmente priva la contienda electoral,
ello no ha motivado reacciones de ningún
aspirante a gobernar Guatemala, tampoco
les ha incentivado la denuncia de las
irregularidades con respecto a los
registros inmobiliarios de terrenos, donde
familias campesinas fueron desalojadas
supuestamente por apropiarse de tierras de
una empresa que legalmente está
respaldada. Ambos hechos son sólo un
ejemplo del panorama que priva en las
áreas rurales, donde los autoritarios de
siempre mantienen su ley.
Finqueros siguen
subvencionando sus equipos de seguridad,
los cuales -entre sus funciones- se cuenta
la ejecución de ataques armados contra
quienes les mandan sus patrones; así
sucedió el 10 de agosto frente a la finca
Paraná, ubicada en el Valle del Polochic.
Grandes terratenientes, con el amparo de
funcionarios corruptos, continúan
acaparando tierras de manera fraudulenta;
ello se empieza a rebelar con el reporte
de la desaparición de registros
inmobiliarios de terrenos donde se ubica
el ingenio Chabil Utzaj.
Desde que escribo
acerca de la problemática agraria, las
organizaciones rurales han denunciado
hasta el cansancio las arbitrariedades de
finqueros y sus guardianes que con toda
impunidad han intimidado y agredido a
comunidades campesinas e indígenas
(Izabal, Alta y Baja Verapaz, etc.),
asimismo el despojo de sus tierras o el
desalojo de terrenos nacionales o
municipales con el pretexto de que son
propiedad privada. La regla ha sido darle
la razón a los poderosos, no hay registro
de juicio alguno contra los responsables
de dichas agresiones e ilícitos. Los
recuentos giran sólo alrededor del número
de conflictos.
Según los registros de
la Secretaría de Asuntos Agrarios existen
mil 360 casos de disputa de tierras,
número similar al reportado en
administraciones pasadas, y probablemente
serán los mismos datos que se den a
conocer el próximo año en tanto siga
postergada la problemática agraria y
rural, en la que sobresalen las
desigualdades sociales y la impunidad. Los
asesinatos de campesinas y campesinos
siguen esperando justicia; ninguna
institución estatal persigue a los
responsables de desalojos de comunidades
indígenas que se han realizado en
propiedades de dudosa procedencia.
Los
delincuentes que han robado pertenencias y
quemado casas y alimentos son perdonados
de hecho, igual los agresores de mujeres a
quienes han violado; todos estos delitos
ocurridos en acciones de desalojo o como
mecanismo de intimidación. Hasta cuándo se
empezará a atender la problemática
agraria.
[Regresar
al índice]
Dictaduras
Tropicales
Anamaría
Cofiño K.
(12 de
agosto 2011)
Quienes
anuncian el endurecimiento del control y
recurren a la represión ponen en riesgo
la paz.
Los dictadores
místicos, ungidos desde el más allá, han
sido comunes en el folclor regional. Uno
de los ejemplos vivientes más patéticos es
Daniel Ortega, quien ha montado un aparato
para perpetuarse como gobernante a como dé
lugar, con la supuesta bendición
celestial. Managua es el escaparate de la
insensatez oficial, donde la confusión ha
hecho presa de amplios sectores sociales.
Sandino se ha de
revolcar en su tumba al ver la publicidad
que promueve al presidente como cristiano
y socialista, con arbolitos de luces de
colores y otras paparruchadas. No quitan
maña los hombres que dirigen estos países
como si fueran sus propiedades: repiten
los mismos gestos, reinciden en volver por
los mismos métodos e incurren en delitos
similares. Todo lo cual los lleva a
finales parecidos, entre la decadencia y
el desprecio popular. El problema es que,
desde su posición de poder desmedido,
provocan retrocesos históricos y dejan a
los países en situaciones de pobreza y
división social. Las dictaduras, sean del
sello que sean, significan reducción de la
democracia y por tanto, de los derechos
humanos. El resultado puede ser explosivo.
En Guatemala, desgraciadamente, tenemos
amplia experiencia en materia de
dictaduras y tiranías.
Más de la mitad de
nuestra vida republicana ha estado signada
por caciquismos sostenidos con las armas y
la violencia.
Eso ha impedido que
desarrollemos un sentido colectivo de
ciudadanía, como sujetos conscientes e
independientes, y nos ha convertido en
pueblos confrontados, donde la
desconfianza mutua se constituye en
sentimiento extendido. La ausencia de
solidaridad separa a la gente y el miedo
nos desmoviliza. Un aspecto positivo de
estas situaciones es que la indignación y
el rechazo a las imposiciones son una
chispa iniciadora de la rebeldía que lleva
al derrocamiento de sistemas férreos,
generalmente sanguinarios. Los tiranos
suelen tener una trayectoria personal y
política que se puede seguir desde sus
orígenes.
Hay dictadores en
ciernes en los jóvenes que se adscriben a
instituciones militares u organizaciones
jerárquicas, donde se estimula el abuso y
la prepotencia; el machismo en la edad
adulta es otro síntoma. Posicionarse en el
mando del Estado es el último paso que les
posibilita ejercer un poder omnímodo. La
anterior reflexión surge a partir de las
previsiones que se están haciendo sobre el
futuro próximo, en el que puede
entronizarse un gobierno centrado en el
autoritarismo y el uso de la fuerza
militar para manterner un orden de
silencio y sumisión.
Sabidos de lo que puede
suceder, tenemos en nuestras manos el
poder de cuestionar directa y abiertamente
las propuestas que nos plantean,
fiscalizar los actos y decisiones de
quienes se erigen en autoridades, y
oponernos frontalmente a lo que
consideramos injusto y arbitrario. Ante
unas elecciones que parecen abrirle el
camino legal a otra dictadura, nuestra
responsabilidad es impedir que el pasado
se vuelva a repetir.
[Regresar
al índice]
Qué se puede
esperar de quien miente
Rosalinda
Hernández Alarcón
(06 de
agosto)
En esta
campaña electoral, decir mentiras es una
práctica común.
Negar el genocidio en
Guatemala y afirmar que el Plan Militar
Victoria 82 fue para rescatar a la
población son dos planteamientos que
denotan falta de ética y descalificación
total a los testimonios de quienes
vivieron en carne propia los horrores de
la guerra. Asegurar que el Victoria 82
rescató a la gente manipulada por la
guerrilla, es faltar a la verdad. Esto no
solamente quedó demostrado en el Informe
de la Comisión Esclarecimiento Histórico,
aunque lo descalifique Otto Pérez (uno de
los fundadores de la escuela
contrainsurgente kaibil), sino con muchos
otros testimonios de sobrevivientes que
fueron obligados a vivir en esos campos de
concentración, que eufemísticamente
llamaron aldeas modelo.
En el área ixil el
ejército instaló 17, donde implantó un
régimen militar y control total de la vida
de la población indígena a la que obligaba
a realizar trabajos forzados y olvidar sus
prácticas socioculturales. Para tener una
dimensión más clara acerca de esas
supuestas aldeas modelo, hay que conocer
los relatos de quienes fueron obligadas a
estar ahí, entre ellas, las personas que
integraban las 450 familias que
concentraron en Acul, procedentes de 17
comunidades.
Qué veracidad se le
puede otorgar al llamado de justicia que
hace dicho candidato presidencial, si
justifica las masacres repitiendo la añeja
falacia que las personas masacradas en el
área ixil eran guerrilleros. Si tuviera
una aspiración de búsqueda de la verdad,
el político de mano dura tendría que
reconocer que las víctimas de la guerra en
su mayoría fueron personas de todas las
edades no combatientes, lo que hicieron
los agents del Estado bajo el argumento de
que las comunidades indígenas eran su
enemigo interno y por tanto el blanco para
sus ataques contrainsurgentes. Otro
argumento importante, que Pérez
seguramente también descalificará, es la
reciente resolución de la Audiencia
Nacional de Madrid, en la que se afirma
que entre 1979 y 1986, las mujeres mayas
en Guatemala sufrieron violencia de género
por parte de agentes del Estado, que fue
planificada desde el entrenamiento
militar, en el cual las agresiones
sexuales se constituían en una práctica
habitual, siendo incluso ordenada por los
mandos superiores
El propósito de tal
violencia de carácter sexual tenía como
fines mediatos la demostración y ejercicio
de poder como parte de una estrategia de
terror, definiendo así quién dominaba y
quién debía subordinase (&) los hechos
referidos quedan integrados en los delitos
señalados de genocidio, torturas y lesa
humanidad. Mucho podrá mentir el político,
pero lo cierto es que al considerarlas
botín de guerra miles de mujeres indígenas
fueron violadas y sufrieron agresiones
sexuales como parte del genocidio ocurrido
en Guatemala. Sólo si se castigan estos
delitos se puede hablar de justicia.
[Regresar
al índice]
Acabar con la
impunidad reclamo general
Rosalinda
Hernández Alarcón
(23 de
julio 2011)
La
aplicación de la justicia pasa
irremediablemente por la depuración del
OJ.
Considerarse infalible
es sin duda una manifestación de
prepotencia. Ejercer un cargo público sin
aceptar la crítica o las imputaciones por
deficiencias es igual una muestra de
autoritarismo. Con base en ambas
afirmaciones, vale la pena analizar las
reacciones contra la CICIG que lanzó la
Asociación de Jueces y Magistrados
recientemente, ya que abre el espacio del
debate público para ubicar qué
instituciones y cuáles directivos
entienden como parte de sus
responsabilidades la verificación de su
actuación o simplemente rechazan de manera
tajante cualquier cuestionamiento, sobre
todo cuando los sujetos a evaluar forman
parte del aparato de justicia en un país
donde la impunidad se reconoce como una
problemática nacional.
La evaluación de
resultados por función otorgada es válida
evidentemente no sólo para administradores
de justicia, pero como algunos se han
sentido ofendidos cuando les hacen
evidente sus debilidades o bien les
plantean la necesidad de depuración y
mejoramiento de su trabajo, entonces hay
que recordarles que ningún funcionario
público puede estar exento de la crítica.
En esa línea de rescatar la validez del
análisis crítico y de las acciones contra
la impunidad, recuerdo algunas
declaraciones de varios candidatos que han
dado a una emisora radial en estos días:
su rechazo contundente a la CICIG, su
sesgo empresarial para la aplicación de la
justicia y su nula capacidad de
auto-crítica.
Todas estas posiciones
están distantes de la aspiración de acabar
con la impunidad, y al mismo tiempo son
ajenas a las prácticas verdaderamente
democráticas. A través de múltiples
mecanismos se está promoviendo una falsa
idea: la seguridad sólo se logra con mano
dura, y con esa consigna aspirantes a
gobernar Guatemala hacen promesas falaces
de garantizar la paz con fuerza pública.
Existen ejemplos, no sólo en este país
sino en otros, donde la intervención
desmedida de las fuerzas de seguridad,
militares o policíacas, ha generado más
violencia y muertes. Terminar con la
inseguridad también implica acabar con la
impunidad, así como con la prepotencia y
el autoritarismo de funcionarios que se
creen infalibles o ajenos a cualquier
verificación de su desempeño público.
Desmantelar cualquier
vínculo entre poderes públicos corruptos y
los grupos paralelos es otra de las tareas
que difícilmente se logrará a través de
los recursos armamentistas, ya que éstos
se utilizan con poder de fuego desmedido
cuando ambos se enfrentan en la disputa de
territorios, y que tantas víctimas
inocentes han causado, a las que ahora
nombran daños colaterales. La mano dura no
garantiza la paz, la aplicación de la
justicia ni erradicar el crimen
organizado, la narco-actividad globalizada
ni el feminicidio, que siguen causando
tanto dolor a amplios conglomerados de la
sociedad guatemalteca.
[Regresar
al índice]
Familia, religión,
estado
Anamaría
Cofiño K.
(16 de
julio 2011)
El foro de candidatos a
la presidencia convocado por la
Conferencia Episcopal ha sido una de las
perlas del momento, caracterizado por
posicionamientos ultramontanos que nos
regresan a tiempos en los que la razón y
la ciencia eran satanizadas. Además,
centrado en los temas que desvelan a curas
y laicos apegados a la tradición más
conservadora de la iglesia: la
homosexualidad, el aborto, la
planificación familiar. Al leer lo que han
planteado, sentimos que hablan desde un
mundo imaginario. Para ellas y ellos, no
hay padres abusivos que violan a sus
hijas, parejas que provocan embarazos no
deseados y traen al mundo criaturas
desprotegidas; tampoco ven la falta de
responsabilidad de los hombres que tienen
familias sólo para recibir servicios, sin
aportar nada a cambio.
Ignoran que en este
país hay altos porcentajes de familias
conformadas por comunidades de mujeres que
asumen toda la carga de trabajo, afecto y
cuidado que la crianza implica. Sería
bueno saber a qué familias se refieren,
porque el modelo triangular conformado por
el padre como autoridad máxima y
proveedor, la madre y los hijos como
subalternos dependientes, está en
extinción. Una mirada a nuestro vecindario
-e inclusive a sus propias familias- lo
comprueba: adicciones y problemas
psicológicos por falta de tiempo, atención
y cariño, pleitos por herencias,
infidelidades ocultas, enfermedades de
transmisión sexual, embarazos infantiles,
migraciones, violencia y un largo
etcétera. Da la impresión de que estos
contendientes por el poder ignoran que
existe una gama de formas alternativas de
agruparse para la vida, el acompañamiento
y la sobrevivencia, que dan mejores
resultados en términos de la búsqueda de
bienestar común.
Quienes aspiran a
dirigirnos deberían ser ciudadanos con una
trayectoria transparente, mínimos
conocimientos de la realidad y con
propuestas para la solución de los graves
problemas que nos aquejan. Las posturas de
rechazo frente a la homosexualidad rayan
en lo absurdo, aparte de que permiten ver
el grado de intolerancia que ostentan. Ver
la homosexualidad como una aberración o
como una anormalidad es reproducir un
modelo de sociedad basado en la dominación
masculina, donde no caben la diversidad y
la variedad. Es olvidar que la humanidad
está conformada por personas distintas,
cuyas identidades están permeadas por
culturas, orígenes y opciones que le dan
un inmenso abanico de coloraturas. Es
pretender que el amor se limite a una sola
forma de expresión, condenando las demás
como perversiones.
Todo ello desde la
hipocresía más patética que encubre las
verdades con un manto de falso moralismo.
Las religiones y los estados han utilizado
a la familia patriarcal como una
estructura de control sobre los cuerpos de
las mujeres. La imposición de la
maternidad, la explotación de su fuerza de
trabajo, la heterosexualidad obligatoria
son mecanismos que buscan perpetuar un
sistema que sólo se sostiene por la
violencia. No extraña que así se expresen
quienes representan a la derecha más
conservadora. Está claro de qué pata
cojean.
[Regresar
al índice]
Cuidado
con la opción militarista.
Rosalinda
Hernández Alarcón
(9 de julio
2011)
En
Guatemala un candidato quiere imitar la
guerra del presidente de México.
Varios hechos van
mostrando qué le espera a Guatemala si
Otto Pérez Molina llega a ocupar la
presidencia de la República. Vale la pena
sintetizarlos para su consideración, sobre
todo para quienes convocan a realizar un
análisis inteligente para elegir o a votar
de manera consciente. El general retirado,
quien además perteneció al grupo elite
Kaibil, promete pagar a los ex patrulleros
paramilitares.
Esta medida, al
considerar válida la indemnización para
personas que sirvieron al ejército
voluntaria u obligadamente, tiene un
mensaje de grandes dimensiones, ya que
refuerza en el imaginario la validez de
una de las acciones contrainsurgentes que
tantas violaciones al derecho a la vida
causó en Guatemala durante la guerra. Y
que están plenamente comprobadas gracias a
varias investigaciones que se están dando
a conocer. Este ofrecimiento de campaña ya
lo han hecho otros candidatos como gancho
para obtener votos, aunque no cumplieron
su promesa. Igual Pérez puede dar su
palabra y no pagar cuando sea presidente.
Lo que interesa
resaltar en este espacio es que avalar la
figura de las patrullas de autodefensa
civil (PAC) tiene un carácter simbólico de
imposición, control, miedo, terror,
represión, falta de libertad: en síntesis
mano dura. Además, el candidato anaranjado
del llamado Partido Patriota anuncia casi
seguro de su triunfo, ya que así lo
predice la mayoría de encuestas, que
aumentará de manera significativa los
presupuestos para el ejército y la policía
como medidas para garantizar la seguridad.
Tal posición, similar a
la del presidente de México, Felipe
Calderón, ha demostrado su fracaso para
acabar con el tráfico de personas, de
drogas y de armas; asimismo, ha
evidenciado cómo las mafias han invadido
las instituciones públicas y se ha
convertido en un mecanismo para reprimir a
los movimientos sociales. De ahí la
pregunta: qué tan cierto puede ser que la
sociedad guatemalteca viva segura y
tranquila, si cuenta con un ejército
numeroso y bien equipado, con fuerzas de
tarea militarizadas y policías
especializadas, como lo anuncia Pérez.
Eso significa una copia
de la guerra de Calderón, que es la misma
de Estados Unidos, donde residen quienes
están haciendo jugosas ganancias con la
venta y trasiego de armamento de todo
tipo. La realidad en México es clara, la
inseguridad va en aumento, la violencia
afecta a la ciudadanía, el terror se ha
instalado. Por último, cabe señalar la
actuación de uno de los guardaespaldas de
la familia Pérez, quien demuestra una
prepotencia inaudita, ya que utilizó su
arma, incluso sin amenaza de seguridad
alguna.
Quien se atreve a
disparar a un policía de tránsito
desarmado muestra el tipo de entrenamiento
que ha recibido, ajeno a la convivencia
social, a la seguridad democrática y al
respeto incluso de normas referidas a un
lugar dónde estacionar un auto. El
guardaespaldas está prófugo, y el agente
de 26 años entre la vida y la muerte. Hay
que tomar con cuenta que los hechos
señalados forman parte de una posición
militarista, de mano dura, y no de paz ni
para fortalecer la democracia.
[Regresar
al índice]
Otra fiesta
democrática
Anamaría
Cofiño K.
(2 de julio
de 2011)
Este domingo, la
voluntad popular se va a hacer escuchar de
nuevo en una consulta, ahora en Nueva
Santa Rosa, en el suroriente del país. Con
éste son más de cincuenta procesos
democráticos de esta índole en los que ha
participado al menos un millón de personas
de diferentes departamentos para expresar
su opinión en torno a asuntos que les
afectan directamente. A partir de
experiencias anteriores, el resultado es
previsible: un no rotundo a las empresas
que invaden sus territorios para
explotarlos sin escrúpulos.
Esta manera colectiva
de organizarse, como ciudadanía, no en
torno a partidos sin planteamientos
explícitos y con estructuras autoritarias,
es un rasgo contemporáneo de las luchas
sociales. Los problemas y deseos
compartidos unifican a la gente para
resolverlos a su manera, es decir, desde
las necesidades sentidas en sus
comunidadees. No es simple este
procedimiento, porque lleva tiempo y
esfuerzos, pero quizás es más genuino y
democrático.
Quienes participan en
una consulta lo hacen desde la convicción
de defender a sus familias, su vida. No
comprados ni obligados. Esta es una
consulta de vecinos, basada en el código
municipal, para decidir sobre el proyecto
minero que la empresa Tahoe Resources
pretende levantar para extraer plata en un
área ubicada en la zona de recarga hídrica
de la laguna de Ayarza, el quinto cuerpo
de agua dulce del país. Esta operación
afectaría al río de Los Esclavos que
recorre varios municipios y luego va a dar
al mar. En Mataquescuintla, Fraijantes y
San Carlos Alzatate también han
manifestado su interés en consultar a la
población acerca de estos planes mineros
que les pueden ocasionar problemas por la
misma fuente. Votan los vecinos con cédula
y la pregunta es si aceptan o no la
operación de minería química y de metales.
El Consejo Diocesano
para la defensa de la naturaleza,
integrado por vecinos del municipio,
mestizos y representantes del pueblo
Xinka, es una de las organizaciones clave
que ha impulsado y apoyado que se lleven a
cabo manifestaciones pacíficas en defensa
de la naturaleza y las personas. Monseñor
Bernabé Sagastume y los párrocos de
diferentes municipios han estado apoyando
activamente, del lado de mujeres, hombres
y niños que no vacilan en juntarse para
impedir que su dignidad sea pisoteada.
No
se necesita ser extremista para oponerse a
la minería, es cuestión de sentido común y
respeto impedir que el negocio sucio de
unos destruya la riqueza natural donde
habitan cientos de personas que aman su
tierra y la trabajan. ¿Quién aceptaría
gustoso que un vecino le envenenara el
agua, además de botarle sus árboles y
construir una fábrica en medio del jardín?
El próximo fin de
semana hay otra consulta, en Santa Rosa de
Lima, en el mismo departamento. Y no son
las únicas. El espíritu de la resistencia
se ha contagiado y la gente ya no quiere
permitir más abusos. Bien harían en poner
atención los poderosos a este gesto común
de rechazo por parte de las mayorías que,
a fin de cuentas son las que debieran
decidir.
[Regresar
al índice]
Perseverancia
que tiene resultados
Rosalinda
Hernández Alarcón
(25 de
junio 2011)
Hay que
valorar la constancia en la lucha contra
la impunidad.
Las mujeres y hombres
que integran la Asociación de Justicia y
Reconciliación con su paciencia estoica y
capacidad organizativa están dando una
lección al mundo. Por primera vez en la
historia, se ha abierto el juicio por el
delito de genocidio en el mismo país donde
se masacró a un grupo étnico. Si bien
otros genocidas, muy pocos según relatan
varios historiadores, fueron juzgados,
ello ocurrió en otro continente o fuera
del lugar de origen de tales criminales.
Dado que priva una
desesperanza hacia la posibilidad de
transformaciones significativas, hay que
hacer explícito el reconocimiento hacia
todas aquellas personas perseverantes que
demandan castigo a los responsables de los
planes contrainsurgentes.
Es
importante considerar que antes de llegar
al juicio contra el general retirado
Héctor López, mujeres y hombres tuvieron
que sortear muchos tropiezos como los
amparos, se les presentó infinidad de
complicaciones desde que iniciaron su
lucha, además les significó superar el
miedo y el terror, así como múltiples
sufrimientos al presentar sus testimonios
y recolectar pruebas.
¿Tienen
idea de todo lo que han tenido que
atravesar las víctimas para ver los
primeros resultados? No sólo fueron los
once años que duraron los trámites desde
que presentaron la demanda judicial, sino
todo el tiempo atrás mientras duró la
guerra, se firmó la paz y construyeron los
expedientes que fundamentan la prisión de
uno de los genocidas de la población ixil.
También es importante
tener en cuenta que el implicado cuando
planificó, ordenó y dio seguimiento a los
planes racistas de exterminio de
comunidades indígenas era un hombre
fuerte, sin limitantes, como bien describe
mi querida colega Iduvina Hernández, era
un jefe del Estado Mayor en plenitud con
temperamento estable, mente fría y
calculadora. No el anciano que se muestra
como el pobre octogenario objeto de la
venganza o la revancha, apreciación falaz.
Si se individualiza tanto tiempo después
la responsabilidad de ese militar, se debe
al encubrimiento de sus correligionarios
castrenses. Así que no causa ninguna
compasión, se podría haber juzgado estando
en mejores condiciones de salud si la
administración de justicia no enfrentara
tantas murallas.
Se ha iniciado con
mucha expectación el juicio contra uno de
quienes comandó el genocidio en
Guatemala, que se concreta en el asesinato
de más de 300 personas, entre ellas,
mujeres que previo a quitarles la vida las
ultrajaron sexualmente. Sin duda es un
paso, teniendo presente que hay otros
responsables, entre ellos el también
veterano militar Efraín Ríos Montt, y
otros más que si bien no son señalados
como autores intelectuales, según el Plan
de Operaciones Sofía, aparecen
involucrados kaibiles y paracaidistas,
como por ejemplo el igualmente general
retirado Otto Pérez Molina.
[Regresar
al índice]
Que lo saquen
Ana Cofiño
(16 de
junio de 2011)
Si todavía le queda
algo de dignidad y respeto por sí mismo,
Jacques Sneider debe renunciar a su
espacio en este periódico, sea cual sea su
relación con el mismo. La empresa tiene
que pedirle su salida como resultado de
una decisión ética de un medio de
comunicación que dice ser profesional y
serio. La opinión pública ya se manifestó
con un rechazo generalizado a este tipo de
escritos mediocres cuyo contenido es
deleznable. Y el resto de columnistas,
¡¡Cerremos filas para
exigir que salga del diario toda persona
que haga apología de la violencia, sea en
el tono que sea!!
Esta acción podría ser
un paso hacia delante en el camino hacia
la democratización de esta sociedad
enferma, y marcaría un hito en la historia
del periodismo en Guatemala. Inmensa
alegría ha provocado la respuesta de más
de 150 personas que opinaron en contra de
mensajes como el que Sneider envió en su
columna del martes. Esta reacción enérgica
y numerosa es señal de que avanzamos,
aunque sea a paso lento, en la lucha
contra la discriminación. Al menos ya hay
conciencia de que la violencia contra las
mujeres es un mal que nos afecta a todos
como sociedad. También es síntoma de que
parte de la ciudadanía no está dispuesta a
tolerar más abusos, aunque vengan
maquillados de idiotez.
Es satisfactorio ver
que el trabajo de sensibilización,
información y movilización que las
feministas hemos hecho por años al fin ha
permeado a más personas. El odio y el
temor hacia las mujeres, la misoginia, se
reproduce a través de imágenes, palabras,
gestos, sonidos, silencios. Hay maneras
explícitas y encubiertas de ofender que
buscan penetrar el inconsciente e
implantarse como ideas incuestionables. La
publicidad es un vehículo a través del
cual se multiplican los prejuicios y se
incita a determinadas actitudes. Por eso
hemos dicho que es necesario revisar lo
que se nos dice y cómo, para revelar
mensajes que ocultan ataques.
Los chistes son una de
las maneras más comúnmente utilizadas para
insultar, propiciar acciones agresivas y
para seguir repitiendo los valores
machistas, racistas y clasistas que están
en la base de la cultura dominante. Por
eso aunque nos cueste- es necesario romper
los hábitos represivos de silencio y
censura y manifestarnos ante cualquiera
que pretenda violar nuestros derechos, sea
el finquero, el que ocupa un cargo
público, la pareja, el maestro o quien
sea.
De igual forma, es
necesario dejar de reproducir imágenes y
expresiones que denigren a las personas
por cualquier característica física,
cultural o de clase. Si queremos que este
país se convierta en uno donde prevalezcan
los valores democráticos, es fundamental
que rechacemos categóricamente todo lo que
atente contra nuestra dignidad, empezando
desde lo personal. Una manera de ponerle
fin a la violencia es acabar con la
cultura que la promueve. El Periódico
tendría que actuar en consecuencia.
[Regresar
al índice]
Polochic:
sigue corriendo sangre
Rosalinda
Hernández Alarcón
(10 de
junio 2011)
El olvido y
el silencio alientan la impunidad
Convencida que traer a
cuenta hechos sucedidos es una práctica
que puede traer consigo la verdad y la
justicia, vuelvo a escribir acerca del
Polochic, donde hace una semana fue
asesinada Margarita Chub Che.
¿Quién era ella? Una
campesina qeqchi, madre de una niña de 11
años y un niño de 8, una trabajadora del
campo, quien además de participar como
represente de su comunidad, realizaba las
tareas propias de quien vive en una zona
de Guatemala donde las mujeres carecen de
oportunidades y los quehaceres domésticos
son más pesados, además era comadrona y
activista en el centro de salud de Paraná,
en Alta Verapaz.
Margarita tenía 37
años, era reconocida como una lideresa que
defendía los derechos de las mujeres, su
vivienda está a la par de la casa del
patrón de la finca San José. Era de noche
y hacía mucho calor, relata su esposo
Mateo Caal Xo. Ella salió a la pila,
mientras él la esperaba dentro de casa,
sólo pasaron unos minutos cuando de
repente escuchó los plomazos. Él salió
corriendo y encontró el cuerpo sangrando
sin vida, a la orilla de la pila, en su
cabeza salía sangre, explica entre
sollozos, al tiempo que demanda busquen a
los abusivos, yo no los vi, pero unos
vecinos dicen que iban en motocicleta.
El asesinato de
Margarita Chub Ché no es algo fortuito,
quien o quienes dispararon sabían bien
hacía dirigían las balas. Su objetivo era
quitar de la acción a una mujer valiente y
decidida, ejemplo para quienes deciden
hacer algo a fin de mejorar su forma de
vida en el Polochic, de ahí que su muerte
busque -más allá de segarle la vida-
aniquilar un símbolo de lucha. Así
encontrarán eco, aquellos mensajes que una
vez más se lanzan para inhibir la
organización comunitaria y, en especial,
la participación de las mujeres indígenas,
como por ejemplo: es mejor no participar,
porque es peligroso. El mismo enunciado
que se diseminó en los años de la guerra
contrainsurgente en este país.
Conocer lo que está
sucediendo en el Polochic es fundamental
porque están involucradas instituciones
del Estado y de la iniciativa privada, hay
que revertir la inercia que se presenta
tras la denuncia de desalojos,
persecuciones, agresiones y asesinatos. El
silencio y vacío informativo tienen su
objetivo: desdibujar no sólo a los
responsables directos e indirectos de la
represión sino exacerbar el desprestigio
de la lucha social en esa zona campesina,
donde el hambre aumenta. Tal
criminalización igual fue utilizada
durante décadas en Guatemala, y que
gracias al Informe Del silencio a la
memoria, revelaciones del Archivo
Histórico de la Policía Nacional hoy
existen pruebas con valor jurídico para
esclarecer cómo esa fuerza de seguridad
violó los derechos humanos de integrantes
del movimiento popular reivindicativo
durante décadas.
[Regresar al índice]
¿Por qué los
mataron?
Anamaría
Cofiño
(4 de junio
2011)
¿Quiénes
son los asesinos de miles de personas
que cayeron víctimas de las políticas
terroristas de Estado?
En 1980 los medios
informaban cada día sobre crímenes
políticos de alto impacto. Desde la quema
de la embajada de España a finales de
enero, el ambiente era cada vez más
violento. Lucas García y personajes
sanguinarios como Donaldo Álvarez
encabezaban la política de exterminio
cuyo objetivo fue descabezar al movimiento
social que impulsaba las transformaciones
truncadas con la invasión anticomunista
del 54.
Hace treinta y un años,
los licenciados Edna Ibarra Escobedo y
Carlos Figueroa Castro fueron ametrallados
en su automóvil a plena luz del día seis
de junio por miembros de los comandos
especializados que salían de cacería, a
eliminar personas cuyas ideas eran una
amenaza para el sistema. Doña Edna, madre
de los cuatro hijos de la pareja, era
reconocida por su labor como maestra y
psicóloga infantil. Don Carlos, Chalas,
había atendido como psicólogo a muchos
jóvenes de esa generación rebelde que
luchó por la libertad. Su participación en
el movimiento revolucionario ya los había
expulsado al exilio, y su militancia
política fue la causa del cobarde crimen y
la persecusión implacable hacia sus
allegados. Sus nombres, como los de
cientos de ciudadanos, habían aparecido en
las listas de grupos armados como el Ojo
por ojo, que enviaba telegramas, coronas
de flores y amenazas directas como medios
de intimidación.
Pasado el tiempo, y
ante la impunidad que impera, el
sentimiento de indignación vuelve a surgir
con fuerza. No únicamente por la falta de
esclarecimiento de los crímenes del
pasado, sino peor aún, frente a la
vigencia de idénticas políticas violentas
utilizadas por los mismos grupos de poder
que sostienen el orden dominante. Indigna
que los motivos que siempre han llevado a
exigir transformaciones no sólo continúen,
sino que se agraven. Las demandas sociales
que promovieron los revolucionarios de los
ochenta se relacionan con las aún
existentes condiciones que han colocado en
la miseria a la mayoría de la población.
Las propuestas para intentar formas de
vida democrática siguen vivas en quienes
no nos conformamos con ver el país irse a
pique.
El terrorismo de Estado
que dejó huellas profundas en varias
generaciones, no logró aplacar el deseo
por cambiar este sistema irracional,
depredador y asesino. Pese a sus amenazas
permanentes, el derecho a vivir con
dignidad nos mueve a seguir cuestionando y
señalando a quienes históricamente han
explotado bienes y personas para su sólo
beneficio, recurriendo a la violencia como
mecanismo de sometimiento y control.
El recuerdo y la
memoria son aliados de la resistencia. Es
por ello que la lucha contra el olvido se
une al repudio ante los crímenes que el
Estado tolera de parte de quienes siempre
han manejado al país como finca privada.
Un sentido y solidario homenaje a
familiares, amistades y sobrevivientes que
luchan por la justicia y la dignidad.
(Antigua, sábado 4 de junio de 2011).
[Regresar al índice]
Es tiempo de
cambiar las reglas
Rosalinda
Hernández Alarcón
(28 de
mayo)
El sistema
político actual no garantiza cambios
importantes.
Las voces de protesta
por la situación actual en Guatemala se
están multiplicando. Algunas inculpan a
ciertas instituciones, otras se centran en
funcionarios y unas más sintetizan toda su
indignación, afirmando que hay un
narco-Estado. Quizás es necesario ubicar
con mayor contundencia qué implicaciones
tiene el modelo actual y su sistema
político para que el terror, la muerte y
la pobreza, junto a la acumulación de
poder y dinero para unos cuantos, vayan en
aumento, y no se vean posibilidades de
revertirlos por más que haya elecciones y
se intensifiquen los llamados a votar.
La situación muestra
pormenores de las estructuras de poder que
existen en determinadas zonas del país,
las cuales siguen comandadas por los
autoritarios de siempre. Con poder
económico y armamento continúan
implantando un control territorial, ya que
sólo así logran mantener sus puentes para
el narcotráfico, trata de personas,
contrabando y robos, así como para
producir materias primas de manera
extensiva bajo la lógica del lucro.
En este marco se
entienden los nuevos hechos violentos
ocurridos en Panzós, Alta Verapaz, donde
hace unas semanas se realizaron 14
desalojos y donde un campesino perdió la
vida y decenas de familias la posibilidad
de alimento diario. Cuando sujetos armados
al servicio de finqueros atacan a gente
campesina con tanta impunidad, es porque
actúan como dueños de un territorio,
potestad que han usurpado, y además atenta
a toda norma de legalidad.
Hay que aumentar el
volumen a las voces de repudio por el
asesinato de Oscar Reyes y las heridas de
gravedad ocasionadas a cinco campesinos
más. De igual manera se precisa resaltar
que en el Valle del Polochic las
estructuras de poder están al servicio de
los intereses de la empresa Chabil Utzaj y
de otros grandes terratenientes, lo que
implica invisibilizar las demandas de la
población campesina a la que incluso se le
niega su derecho a la vida. Esa misma
lógica se sigue en otros territorios,
donde las comunidades se oponen a la
explotación minera, pero las estructuras
de poder que sirven a las transnacionales
no les importa los estragos que puedan
causar a la vida de las personas y de la
naturaleza, su fin es la extracción de
metales para acumular capital.
Los desalojos de
fincas, el asedio a las luchas campesinas,
los casos de femicidio con tanta saña, los
asesinatos de fiscales y defensores de
derechos humanos, la proliferación de
armas, la multiplicidad de actividades
vinculadas al crimen organizado; todo
ello, forma parte de un todo. Y entonces,
se escuchan otras reflexiones, todavía en
voz baja, ¿para qué avalar este sistema
político que llama a elecciones, si es el
mismo que tolera a los arbitrarios de
siempre?
[Regresar al índice]
Sexo
y política
Anamaría
Cofiño
(20 de mayo
2011)
Los
políticos deben decir qué piensan hacer
con la brasa candente del feminicidio.
Quienes controlan la
información, manejan las ideas y las
emociones de las multitudes, las inducen a
pensar y sentir de determinadas maneras,
casi obligándolas a creer que lo que les
dicen es la verdad. La neutralidad y la
ética que esgrimen no es más que una
máscara para cubrir su evidente defensa
del sistema y la cultura que lo sustenta,
que son racistas, patriarcales y
conservadores.
La sexualidad,
entendida como un aspecto fundamental en
las vidas de las personas, se manipula en
los medios de comunicación con la misma
falta de escrúpulos y siguiendo los mismos
esquemas con que nos transmiten las
noticias: se la presenta como un fenómeno
aislado que hay que tratar con pinzas y se
la vende como cualquier mercancía. Todavía
hay demasiados prejuicios e ignorancia, y
la influencia religiosa sigue oponiéndose
a que se hable sobre ello, haciendo de la
práctica sexual un asunto pecaminoso. Lo
que predomina es un doble rasero moral que
se aplica a mujeres y hombres de manera
desigual.
Veamos la política: los
grandes señores, los más poderosos del
mundo, como el exdirector del Fondo
Monetario Internacional y no pocos curas,
se conducen como bestias hambrientas e
intentan apoderarse de los cuerpos de las
mujeres, no importa dónde ni cómo. El
Terminator engaña a su esposa, engendra un
hijo con la empleada y la prensa lo
muestra como uno más que cumple con su rol
de macho omnipotente. Mujeres y niñas son
vendidas, violadas y torturadas y los
medios olvidan intencionalmente decir que
eso sucede cada minuto, que es un un
negocio sucio que enriquece a unos
cuántos, y que afecta negativamente a
millones de seres en el mundo. Políticos
como los que están en el Congreso, se
niegan a asumir este problema social y se
instalan en la impunidad.
En Guatemala la
violencia sexual es cotidiana y frecuente.
En los buses, las escuelas, los espacios
públicos, las mujeres corren el riesgo de
padecer ataques; en las familias son
sometidas para que su sexualidad quede
subyugada bajo la bota masculina. Las
imágenes que nos transmiten los medios
asocian sexo con violencia, en un truco
que soslaya la perversidad. Allí está el
origen de las violencias e injusticias.
¿Cómo puede desarrollarse sana y
felizmente una persona que desde pequeña
es sometida por la fuerza a que su cuerpo
sea maltratado?
Mujeres y hombres
tienen temor a mostrar sus debilidades,
inquietudes y dolores. En silencio y con
hipocresía se digiere la amargura de
cargar con relaciones poco gozosas o
inclusive violentas. Es necesario abrir el
debate sobre la sexualidad, no sólo para
descubrir su lado obscuro y triste, sino
para liberarla y hacer del erotismo un
poder que transforme radicalmente tanto
odio y terror.
[Regresar al índice]
Sin paridad
hay discriminación
Rosalinda
Hernández Alarcón
(Mayo 2011)
¿Se han puesto a pensar
por qué la mayoría de diputados se oponen
a las medidas que promuevan de manera
significativa la incursión de mujeres en
el Congreso de la República? No es por
desinformación ni por falta de
iniciativas, es porque se oponen a la
paridad en la representación. En español a
ello se le llama: actitud misógina
(desprecio por lo femenino).
Se podría decir que
quizás las tres propuestas de ley
presentadas por varias organizaciones de
mujeres y diputadas no han sido de la
satisfacción de quienes mayoritariamente
han integrado diferentes legislaturas,
pero ninguno de ellos ha lanzado otra
propuesta. Tampoco en -al menos desde que
se aprobó la actual Constitución de la
República que reconoce la igualdad entre
mujeres y hombres- se ha formado una
corriente capaz de cambiar las reglas en
el sistema político que revierta la
supremacía masculina en el Organismo
Legislativo, que ahora es superior al 87
por ciento. Predominio que igual se
reproduce en otros espacios de la
sociedad.
Los diagnósticos que
muestran la disparidad en el Congreso se
han hecho de manera reiterada, sin
embargo, quienes podrían legislan han
optado por hacer oídos sordos, pero eso no
es imparcialidad, es una clara tendencia
que alienta el machismo en una de las
instituciones de representación política.
Hay que hacer críticas más directas: los
diputados están favoreciendo las
relaciones de dominio del poder masculino.
¿Cómo calificar que los políticos digan
apoyar la promoción de las mujeres, si en
un lapso de 22 años (1986-2008) las
curules femeninas aumentaron de siete a
19, del total de 158? Entorpecer las
iniciativas que buscan la paridad además
de demostrar actitudes misóginas viola
claramente ordenamientos nacionales e
internacionales.
Ya es tiempo de señalar
qué significa la inacción y displicencia
de la mayoría de diputados con respecto a
la búsqueda de paridad. Claro que eso no
se acostumbra en el quehacer parlamentario
bajo la premisa de que se perderían
posibles aliados. Lo cierto es que con
lenguaje diplomático o señalamientos
superfluos tampoco se han logrado cambios
legislativos para avalar la
representatividad equitativa de mujeres y
hombres.
Así como van las cosas
en esta campaña, por los primeros nombres
que figuran en las candidaturas, todo
parece indicar que el número de mujeres al
Congreso quizás suba algunos puntos
porcentuales. Tomando en cuenta el
incremento hasta ahora alcanzado, habría
que esperar cuando menos 12 procesos
electorales para llegar a la paridad, es
decir, casi 50 años& Entonces, ¿son o
no misóginos?
[Regresar al índice]
Los deseos de
nuestro cuerpo
Anamaría
Cofiño
(Abril
2011)
Este es el título del
libro de la doctora Emma Chirix, de San
Juan Comalapa, Chimaltenango, quien con
esta obra abre una puerta al conocimiento
de la realidad que vivimos. Se trata de su
tesis para obtener el grado de maestría en
Sociología, investigación que fue
realizada en su natal Chixot, con base en
entrevistas con mujeres y hombres que le
transmitieron sus experiencias e ideas en
torno a la sexualidad, aspecto fundamental
de nuestras vidas que se ha silenciado
deliberadamente, provocando culpas,
confusiones y fenómenos desafortunados
para la sociedad guatemalteca. Emma Chirix
nos aclara que la sexualidad es una
necesidad humana que brota por todas
partes, y afirma que el objetivo de su
estudio es esclarecer cómo se ha
construido socialmente; con él busca
dotarnos de un instrumento transformador
para humanizar la sexualidad, para abrir
los ojos y los corazones a un tema
prohibido.
El hecho de enfocarse
en una comunidad maya de la cual ella
forma parte, es novedoso en antropología.
Si a eso le sumamos su interés por el
erotismo, por la configuración de la
sexualidad según si se es mujer u hombre,
el valor del libro aumenta, puesto que en
Guatemala se ha hecho un abordaje limitado
a la salud y la reproducción. Al
relacionar el poder con la sexualidad, se
dejan al descubierto una serie de
inequidades, mecanismos de manipulación,
de intercambios perversos que configuran
una práctica frecuentemente violenta. La
sexualidad para muchísimas mujeres es una
obligación conyugal desagradable que,
además, conlleva riesgos como los
embarazos no deseados o el contagio de
enfermedades. Es raro que hablemos de las
sensaciones que de nuestra sexualidad
emanan. Entre la pena y la risa, se logra
averiguar cómo la viven las personas, qué
esperan de ella y qué quisieran saber.
Esta investigación saca
a luz las maneras distintas en que mujeres
y hombres kaqchikeles se iniciaron y
ejercieron su sexualidad. Desde la
educación diferenciada que pasa por la
familia y la escuela, hasta las creencias
religiosas y la cultura dominante, hay una
serie de patrones que se imponen para
establecer las normas que modelan
conductas, sentimientos y prácticas. La
sexualidad en Guatemala es uno de los
problemas sociales más ocultos y negados.
Si se hiciera una examen serio a
profundidad, saldrían a luz múltiples
facetas que revelan la descomposición y la
injusticia que predominan.
Revisar en clave de
sexualidad los discursos de los candidatos
a cargos públicos sería hacer un
cuestionamiento visceral. Preguntarles qué
opinan de la homosexualidad, qué harían
con la planificación familiar, indagar
sobre las políticas relacionadas con este
derecho inalienable a disfrutar del cuerpo
podría posibilitarnos conocer los
planteamientos políticos desde una
perspectiva integral. Ru raybäl ri
qachakul se va a presentar el 12 de mayo
en el Paraninfo de la USAC, a las cuatro
de la tarde. Ediciones del Pensativo se
complace en publicar su primer título
después del incendio que la consumió hace
un año.
[Regresar al índice]
Por nuevas
relaciones políticas
Rosalinda
Hernández Alarcón
(Abril
2011)
La
autonomía y la auto-determinación
contravienen los autoritarismos de
siempre.
Reglamentar las
consultas comunitarias con enfoques que
ignoran las identidades indígenas busca
inhibir los resultados que estas prácticas
ciudadanas tienen en decenas de municipios
de Guatemala. La intencionalidad es
desarticular cualquier resistencia social
que contenga experiencias nuevas en la
toma de decisiones, las cuales lleven
implícito desactivar mecanismos racistas y
machistas. Desgraciadamente el Relator de
Derechos de los Pueblos Indígenas de
Naciones Unidas la desconoce, de ahí la
importancia de hacerla explícita.
Los funcionarios del
Sistema Nacional de Diálogo Permanente,
que dicen querer debatir la iniciativa
gubernamental artículo por artículo con
agrupaciones sociales, demuestran su falta
de compromiso para garantizar los derechos
humanos colectivos, en especial de los
pueblos indígenas, ya que sus pláticas se
rigen bajo el supuesto de que el interés
nacional es la inversión extranjera, de
tal manera que dialogan con el fin de
impedir que las consultas comunitarias se
conviertan en un veto ciudadano para las
grandes empresas transnacionales.
A pesar del lenguaje
engañoso que utilizan los réferis del
diálogo, develan su parcialidad, ya que en
las mesas de conversaciones han demostrado
su intención de desactivar el poder de las
ciudadanas y ciudadanos críticos con el
objetivo de garantizar el desarrollo de la
agricultura extensiva para exportación, de
la industria minera y extractiva, así como
de la construcción de megaproyectos para
favorecer el mercado, por poner algunos
ejemplos. Al querer reglamentar las
consultas comunitarias, se demuestra una
vez más cómo la parte gubernamental avala
a su antojo la legalidad, ya que si fuera
cierto su respeto a la ley sin distingo de
clase, etnia o género, entonces ya hubiera
asumido las resoluciones de organismos
internacionales, entre ellos, las de la
OIT referidas al reconocimiento de las
consultas a los pueblos y a llenar vacíos
sobre la problemática agraria, las
vinculadas a la seguridad alimentaria y la
suspensión de operaciones de una mina
contaminante.
Han transcurrido ya más
de cinco años desde que iniciaron las
consultas comunitarias, suman más de 40, y
seguirán realizándose en tanto los
tentáculos de la iniciativa privada
insistan en explotar los recursos
naturales a costa de la vida e identidad
de las personas, del agua, los bosques,
las montañas, etc.
Para explicar la
dimensión que están teniendo las consultas
recupero lo escrito por Alba Cecilia
Mérida, quien conocedora de su impacto,
sostiene que éstas representan una
posibilidad para construir relaciones
políticas entre las mujeres y con los
hombres. Hemos alzado la mano para decir
NO a las transnacionales, también tenemos
derecho a mantenerla alzada para
demandarle a los hombres, en general y en
particular a los compañeros de lucha: que
así como hemos declarado territorios libre
de minería, nos acompañen en la lucha por
la defensa de nuestros derechos.
[Regresar al índice]
El
pasado en el presente
Anamaría
Cofiño
(9 de abril
de 2011)
Cita con la
verdad en el Palacio Nacional de la
Cultura a las 6 de la tarde.
Gracias al trabajo de
un grupo de jóvenes entusiastas, tenemos
ahora la oportunidad de mirar una serie de
documentales que nos muestran el lado
oscuro de la realidad y que permiten que
salga a luz pública lo que se ha querido
ocultar. La Muestra de Cine Internacional
Memoria Verdad Justicia trae un material
que tiene mucho sentido ver hoy,
básicamente para contar con elementos de
juicio y formarnos criterios políticos.
Una trilogía realizada por el finlandés
Mikael Wahlforss es quizá el plato fuerte
para nosotros, puesto que presenta los
sucesos violentos de los años ochenta en
Guatemala. Ensueños blindados trata sobre
una familia poderosa y su forma de vida,
imágenes que contrastan con la miseria que
predominaba y que hoy sigue
reproduciéndose infamemente.
La desigualdad, como
dice un personaje de otro documental,
Stalag Guatemala, es violencia. Y eso no
es necesario verlo en una pantalla, salta
a la vista e indigna a cualquiera que no
se haya acomodado con esa situación. Un
tercero, Titular de hoy: Guatemala, pone
de manifiesto el papel de los periodistas
y los medios de comunicación en su oficio
de informar al público, labor que aquí se
ha vuelto manipulación que sataniza la
rebeldía y encubre los crímenes contra la
población. En este documental podemos ver
escenas de soldados dando entrevistas en
las que explican cómo torturan a los
prisioneros, cómo reducen las aldeas y qué
armamento es el más efectivo para
combatirlos. En este deleznable papel
aparece el actual candidato a la
presidencia Otto Pérez Molina, en Quiché,
donde se desempeñó en la lucha
contrainsurgente y aprendió como joven
militar a aplicar con rigor la mano dura
que hoy nos ofrece como programa de
gobierno.
En esa entrevista se
evidencia el apoyo que dieron Estados
Unidos e Israel a esa guerra asquerosa que
cobró miles de vidas inocentes, con mayor
énfasis en la población indígena. La
vigencia de estos documentales se confirma
con lo que está sucediendo aquí hoy: el
desalojo violento de los campesinos de las
fincas del Polochic nos remite
automáticamente a las políticas de tierra
arrasada que se aplicaron contra
poblaciones inermes a las que se le
incendian viviendas, objetos, siembras y
cosechas.
Los
métodos utilizados por las fuerzas del
orden, la desigualdad abismal entre los
dueños de las empresas y los trabajadores,
así como la superioridad en poder, armas y
recursos son similares. Parece que nada
hubiera cambiado, porque hasta los mismos
personajes siguen allí. Hace poco un
escritor decía que el más grande error de
los japoneses había sido permitir que se
construyeran proyectos nucleares, pese a
tener la experiencia de las bombas
atómicas lanzadas sobre Hiroshima. Esto
nos remite a pensar que todavía estamos a
tiempo de no caer en la misma falta, al
permitir que el pasado vuelva al presente
en Guatemala.
[Regresar al índice]
Hay que hablar más
del Polochic
Rosalinda
Hernández Alarcón
(Abril
2011)
Derecho de
respuesta a dos comunicados
gubernamentales
Las fuerzas de
seguridad están siendo agraviadas a través
de una campaña nacional e internacional.
Esta aseveración se ha escuchado un sin
fin de veces. Se me hace difícil creer que
ese mismo discurso lo utilice el Gobierno
de la República de Guatemala para
referirse a los 12 desalojos en el
Polochic; dando así una mirada sesgada de
la realidad. Los señalamientos que
responsabilizan a las mujeres y hombres
organizados e integrantes de grupos
acompañantes de los hechos de violencia
ocurridos a raíz de las ocupaciones de
tierra o tomas de carretera (formas de
presión social), han sido reiterados en
este país, y propios de gobiernos
finqueros y portavoces de las cámaras del
empresariado.
Claro, si las personas
jodidas en el campo estuvieran resignadas,
aplaudiendo una política de desarrollo
rural que carece de presupuesto,
agradeciendo una ley que está congelada,
aguardando calladitas que un empleo fijo
les caiga del cielo, no serían calificadas
de intransigentes y violentas. Los mismos
argumentos que utilizó el ahora ex
presidente Óscar Berger después del
desalojo de Nueva Linda, son emitidas por
Álvaro Colom.
Esas interpretaciones
son unilaterales porque niegan el contexto
de este país centroamericano: la historia
de despojos de tierra que han sufrido las
comunidades indígenas, de ignominias que
padecieron las familias de mozos colonos,
de segregación que viven varias
generaciones. Tales argumentos
supuestamente valoran la legalidad, ese
eufemismo que ha avalado a patrones para
no pagar sus obligaciones laborales de
ley, que ha tolerado la evasión de
impuestos, que ha fomentado la corrupción
en todas las esferas del Estado, que ha
permitido la acción de jueces
inescrupulosos y acciones
contrainsurgentes, que ha dado vía libre a
los guardias armados de los finqueros; en
suma, que ha generado pobreza y exclusión,
así como una discriminación y desigualdad
inauditas en el campo guatemalteco.
Si las acciones
ciudadanas como mesas de diálogo o marchas
sin interrumpir el tránsito resolvieran
las añejas demandas campesinas,
lógicamente las ocupaciones u otras formas
de protesta estarían ausentes del
escenario nacional. Si ha tenido lugar una
muerte violenta durante un desalojo, cabe
de inmediato el esclarecimiento de los
hechos, no la inculpación de los mismos
ocupantes por no dejar pasar una
ambulancia.
Es como si se repitiera
esa asquerosa mentira: eres responsable de
tu propia muerte por ser comunista o
revoltoso, eres responsable de las heridas
recibidas por haber participado en una
protesta social, eres responsable de haber
sido violada porque formaste parte de ese
grupo que luchaba por su derecho a la
tierra, eres responsable de estar huérfana
por tener un padre que estaba durante un
desalojo&
[Regresar al índice]
Rogelia,
Nora, Alaíde, Yolanda, Haydeé, Myrna,
Adelina, Irma, Aura Marina...
Anamaría
Cofiño
(26 de
marzo 2011)
No cabe
duda que las guatemaltecas estamos más
visibles.
La lista es larga, son
nombres de mujeres que se atrevieron a
trasponer los estrechos límites que esta
sociedad retrógrada nos ha impuesto por la
fuerza. Aquí, las que se rebelan contra
las obligaciones del deber ser, son mal
vistas y calificadas como ligeras, por no
decir otras groserías. Quien se resiste a
obedecer los mandatos patriarcales, recibe
castigo. Así que ser rebelde de corazón,
perder el miedo a la libertad, es una
hazaña, un logro que nos llena de orgullo.
Si revisamos el pasado, encontramos
abuelas, tías, maestras que abrieron
brecha en este sentido, yendo más allá de
las prohibiciones. Y en el presente,
encontramos cada vez más compañeras
autónomas, dueñas de sí.
Mujeres
que ejercen su derecho a ser felices. Hoy
que hemos empezado a recuperar la historia
de las mujeres en Guatemala, podemos no
solo conocer sus nombres y datos
biográficos, sino lo que pensaron,
quisieron e hicieron, con quiénes y cómo.
Documentar e interpretar nuestro pasado
requiere de rigor y una elaboración
cuidadosa, además, es tarea que implica
inclusive lo personal. Tener hoy la
oportunidad de leer y escuchar los
testimonios de las que se involucraron en
la política desde los años cincuenta es
también una responsabilidad de seguir
fortaleciendo lo alcanzado y bregando por
lo que queda pendiente.
Es necesario asumir que
si ahora podemos estudiar, trabajar y
participar, es gracias a quienes antes
dieron los primeros pasos. El miércoles
pasado el Gobierno rindió un homenaje
póstumo a la memoria de Rogelia Cruz
Martínez, comprometida con la resistencia
urbana en los años sesenta. Días antes,
había pedido perdón por la participación
del Estado en el crimen contra la
combatiente Nora Paiz. Esta mañana el
Diario de Centroamérica menciona a Yolanda
Urízar, abogada laboralista, defensora de
organizaciones sindicales, desaparecida
hace 28 años, en 1983. Rogelia Cruz se ha
convertido en icono de la mujer rebelde.
Quienes la reconocemos
como ancestra política, por transgresora y
valiente, al igual que a las otras
compañeras lo hacemos con el
convencimiento de que estamos cambiando la
sociedad desde sus raíces, lenta, pero
seguramente. Estudiar los caminos que
hemos transitado para llegar hasta aquí es
una necesidad sentida, un vacío por
llenar. Es buena noticia decir que hoy en
Europa se publica un libro sobre su vida,
escrito por una ex belemita que la conoció
en la infancia.
No cabe duda que
actualmente las guatemaltecas estamos más
visibles y que nuestras iniciativas se van
concretando. Los resultados están a la
vista, aunque a veces sean simbólicos.
Cuando nombramos y reconocemos a otras
mujeres, nos estamos conformando como una
comunidad que tiene un lugar en la
Historia. Allí radica la importancia de
dignificar nuestra memoria colectiva. Las
candidatas y aspirantes a puestos en el
próximo Gobierno tendrían que cobrar
conciencia de que ellas pueden estar allí,
porque las feministas han impulsado
transformaciones que nos favorecen a
todas.
[Regresar al índice]
Sangre en el
Polochic
Rosalinda
Hernández Alarcón
(Marzo
2011)
Continúa la
contra-reforma agraria con métodos
contra-insurgentes.
Hablar de un muerto,
varios heridos y del desalojo de nueve
comunidades qeqchies pareciera un hecho
sin mayor trascendencia, porque sólo se
trata de los efectos en la aplicación de
una orden judicial en Alta Verapaz. Así lo
interpretan finqueros y funcionarios
inescrupulosos que anteponen la defensa de
la propiedad privada sobre la vida; ello
sin importar que las familias afectadas, a
las que les quemaron viviendas y
alimentos, denuncien que las fuerzas de
seguridad pública y privada las han
reprimido con los mismos métodos que se
usaron cuando la guerra. Hay que tomar en
cuenta algunos antecedentes en esa región
originaria del pueblo qeqchi, al que se le
ha discriminado y negado un buen vivir, a
pesar de que durante décadas ha seguido
procesos de lucha en defensa de sus
derechos y dignidad. Esta zona además ha
sido seleccionada por algunos empresarios
para obtener importantes dividendos a
través de la producción de
agro-combustibles.
Estas
dos miradas se encuentran en unas mismas
tierras fértiles y desde ahí el Estado
sirve sólo a los intereses de una parte.
Esto lo afirmo al conocer detalles de
estos desalojos u otros ocurridos en años
anteriores a través de testimonios de
mujeres y hombres, quienes defienden su
derecho a la alimentación y a la tierra,
por sobre el lucro que hacen los grandes
empresarios mediante la explotación de
monocultivos. Los desalojos ocurridos en
estos últimos días en el Valle Polochic
ponen en evidencia una vez más cómo en
Guatemala se legitima como acción de
Estado la usurpación de tierras por parte
de familias influyentes, cuyo poder les
permite mangonear recursos legales, así
como pagar abogados, pistoleros y
funcionarios públicos; mientras asigna la
categoría de criminales a quienes luchan
por la tierra para sobrevivir, ya que la
institucionalidad les ha negado todos sus
derechos.
El impacto de estos
desalojos es la ratificación de un modelo
que desdeña la producción de alimentos por
sobre la agro-industria, ya que la primera
no permite grandes utilidades y la segunda
asegura el aumento significativo de
capitales. Está claro que los empresarios
Widmann en Alta Verapaz cuentan con el
respaldo del Estado guatemalteco, mismo
que también está protegiendo los intereses
del banco que financiará la producción
extensiva de palma africana. Este modelo
sin justicia social es el mismo que
aplican empresarios en otras partes del
mundo, aquel que prioriza el capital por
sobre la vida humana y la naturaleza. Los
Widmann son igual que otros a quienes les
tiene sin cuidado el hambre de tantas
personas, mantienen cualquier industria
sin importar los estragos que provoque, y
que ahora se tienen que tragar algunas
promesas cuando avalaron la producción de
energía nuclear como eje de desarrollo.
[Regresar al índice]
Por la
defensa del agua y el territorio
Anamaría
Cofiño
(12 de
marzo 2011)
San Rafael
Las Flores lucha por su medio ambiente.
Si vemos el mapa de
Guatemala con los puntos señalados para la
explotación minera, nos da la sensación de
que están convirtiendo nuestro territorio
en un campo minado donde van a quedar muy
escasas áreas reservadas para que la vida
humana se reproduzca en armonía con la
naturaleza. En el municipio de San Rafael
Las Flores, del departamento de Santa
Rosa, se organizó la semana pasada una
actividad masiva en la que familias
enteras de la región se reunieron en
espíritu pacífico para manifestar su
oposición a la implantación de una empresa
minera en su vecindad.
Mujeres, niñas y
jóvenes, adultas y ancianas, hombres,
niños y abuelos de distintas condiciones,
unidos por el amor a su tierra, caminaron
para depositar flores en el lugar donde la
empresa Minera San Rafael, de la
canadiense Tahoe Resources, se ha
propuesto extraer minerales para su
exportación y enriquecimiento. Entre las
informaciones que se pudo obtener entre
las personas, y a partir del estudio de
impacto ambiental aprobado por el
Ministerio de Ambiente, hoy sabemos que se
pretende excavar 40 pozos de los que se
van a extraer enormes cantidades de
material rocoso, procedimiento que en sí
ya altera el frágil equilibrio ecológico
que existe.
La gente decía que su
territorio es pobre, pero que es suyo; que
la presencia de la empresa pone en riesgo
el futuro de la niñez y a las comunidades
que hoy las habitan, no solo por el
deterioro y la contaminación, sino por
aspectos de índole social que pueden
confrontar a las comunidades. La
experiencia ha demostrado que el dinero
que se invierte en estas empresas no
contribuye a la igualdad, sino que agudiza
las desigualdades. Lo que se argumentaba
durante la caminata es que la operación no
les traería beneficios, sino más bien
amenazas y riesgos. Y se fundamentan en su
derecho a una vida digna para que no se
les imponga por la fuerza proyectos de
estas dimensiones, sin siquiera
consultarles, y menos considerar cuáles
son sus necesidades y demandas.
Las mujeres que
participaron en esta actividad fueron
tajantes al expresar su rechazo: no
queremos minería porque eso pone en riesgo
nuestras fuentes de agua, y las primeras
afectadas somos nosotras, quienes tenemos
que salir en busca del agua para nuestras
familias. Además, la presencia de guardias
armados es intimidatoria y son fundados
los temores de la violencia que esto pueda
generar.
El cuidado y
preservación de la naturaleza es hoy una
de las demandas más sentidas en la
sociedad guatemalteca. Casi se podría
afirmar que es una demanda política
central, neurálgica para la sobrevivencia.
Ya son cientos de miles de personas que en
todos lados nos manifestamos en contra de
la explotación y destrucción de la
naturaleza. ¿Cuál es la parte del no
rotundo que los grupos poderosos no
entienden?
[Regresar al índice]
Una contribución a
la ciudadana plena
Rosalinda
Hernández Alarcón
(Marzo
2011)
A tres días de la
conmemoración del Día Internacional de las
Mujeres, comparto con ustedes la alegría
de festejar nuestro aniversario número 13
de la publicación laCuerda, única en su
tipo en Guatemala, que distribuye 20 mil
ejemplares en casi una tercera parte de
los municipios del país. En estos años
hemos logrado difundir variadas miradas
feministas, propuestas concretas y sueños
a futuro; así también puntos de vista e
informaciones de la situación de
desigualdad que viven las mujeres y otros
temas de interés nacional.
La permanencia de
laCuerda es muy importante, si se toma en
cuenta que la agenda periodística
tradicional mantiene sub-representadas a
las mujeres (sólo las ve en la efeméride
del 8 de marzo, como víctimas y amas de
casa). Para nosotras, la existencia de una
publicación de carácter feminista es un
logro que sin duda contribuye a la
democratización de los medios. Al
considerar que predomina la ideología
machista en todos los espacios, otro
aporte de laCuerda es que en este lapso ha
contrarrestado estereotipos y aclarado
confusiones, contribuyendo así al libre
acceso a la información y la libertad de
expresión.
Lectoras y lectores han
ido descubriendo claves feministas que
buscan relaciones sin autoritarismos ni
discriminación. Ello significa que más
allá de defender los derechos humanos de
las mujeres, incluyen a todas las personas
y los ámbitos de la vida. Me encanta
escuchar ahora a gente joven, que
claramente sabe que el feminismo
reivindica que las estructuras familiares
estén exentas de relaciones de
subordinación y opresión, que existan
condiciones para que las personas nos
movilicemos a todas partes sin miedo, se
evite el daño a la naturaleza, se
erradique el racismo y el militarismo,
además se modifiquen las lógicas
económicas que generan pobreza. Años atrás
con el propósito de desacreditar otras
visiones del mundo -sin recato alguno-,
había voces que aseguraban que las
feministas atentaban contra la familia y
representaban lo contrario al machismo.
Ahora quien comenta tal
tergiversación, encuentra con mayor
frecuencia quien lo corrija,
independientemente que sea o no a fin al
feminismo. Lo importante en los análisis
críticos, es partir de considerandos
verdaderos y no anteponer estereotipos,
sólo así se enriquecen los debates.
Nuestra experiencia a través del ejercicio
del periodismo feminista y la aceptación
que hemos recibido por parte de nuestro
público lector, que incluye a personas de
todas edades, nos respalda para seguir, en
el entendido que laCuerda aporta a la
construcción de ciudadanía plena, que en
clave feminista, significa democracia en
la cama, casa, calle, comunidad, sociedad,
planeta. * La fiesta de aniversario será
en la Bodeguita del Centro (12 avenida
3-20, zona 1), el día ocho de marzo a
partir de las cinco de la tarde.
¡Acompáñennos!
[Regresar al índice]
Significado de un
estado de sitio en Guatemala
Rosalinda
Hernández Alarcón
(Febrero
2011)
Luego del anuncio de la
finalización del estado de sitio en Alta
Verapaz, cabe hacer algunas reflexiones
que trasciendan el decomiso de armamento
reportado por las fuerzas de seguridad,
porque durante los meses en los que fue
implantado, agrupaciones indígenas qeqchi
denunciaron agresiones contra mujeres y
hombres organizados en la región del
Polochic. Si bien la persecución y castigo
a quienes forman parte del crimen
organizado, que trafica con drogas y
personas, es una demanda válida, cuando en
un periodo de estado de sitio suceden
agresiones y asesinatos de personas
organizadas no es cualquier cosa.
En Guatemala cobra otra
dimensión, ya que en su historia las
fuerzas represivas -amparadas en la
consigna de seguridad nacional- cometieron
innumerables hechos de violencia contra
miles de personas de todas las edades en
diferentes regiones del país. En Alta
Verapaz en 1978 el ejército masacró a
mujeres y hombres campesinos que luchaban
por sus demandas. En la región donde se
ubica este departamento, comunidades
campesinas han sido objeto de desalojos
violentos por parte de las fuerzas de
seguridad, las cuales han contado con el
apoyo de finqueros y políticos corruptos.
Asimismo, se han denunciado casos en los
que elementos paramilitares o de las
fuerzas de seguridad han violado a mujeres
como una forma para amedrentar e inhibir
la organización social, antes y durante
las ocupaciones de tierra.
Con base en tan
dramáticos sucesos, el establecimiento de
un estado de sitio irremediablemente hace
recordar aquéllas épocas de represión y
muerte, sobre todo cuando se conoce del
secuestro y asesinato de Catalina Mucú
Maas, Sebastián Xuc Coc y Alberto Coc
Caal, todos qeqchies. Algunas feministas,
quienes vivieron el conflicto armado
interno, al condenar los hechos descritos,
señalan que esta situación les ha hecho
recordar los casos de violaciones sexuales
contra mujeres ocurridas durante la guerra
y los que siguen sucediendo en tiempos de
post-conflicto. Exigen: ¡No más violencia
en nuestros cuerpos ni en nuestros
territorios!
Por su parte, la
Agrupación Actoras de Cambio convoca al II
Festival Regional por la Memoria con
mujeres sobrevivientes de crímenes
sexuales en el conflicto armado (del 24 al
27 de febrero en Chimaltenango), quienes
afirman que su memoria corporal colectiva
puede procurarles la energía para
erradicar la violación sexual y construir
colectivamente condiciones de paz, de
justicia, dignidad, alegría y libertad
para nosotras. Continuar nombrando y
denunciando los hechos de violencia contra
las mujeres seguirá siendo necesario. Hay
que poner en el centro a los agresores, ya
que ahora sólo se conocen a algunas
víctimas pero rara vez a los victimarios,
cuyos rostros se han ocultado, silenciado
sus agresiones y otorgado una vestidura de
impunidad.
[Regresar al índice]
800 mil
veces no
Anamaría
Cofiño
(26 de
febrero de 2011)
Las consultas populares
han servido para darle cabida a las voces
que por siglos han sido silenciadas; a
través de este mecanismo hasta las niñas
intervienen, ejerciendo así su ciudadanía.
Son la respuesta a una sociedad excluyente
que sigue dándole la espalda a las grandes
mayorías que expresan su opinión de manera
pacífica y legal. La democracia respalda
estos procesos, no importa que estén
reconocidos o reglamentados. El derecho a
participar en la toma de decisiones
habilita a las comunidades para buscar las
vías para hacerlo.
Cuando el presidente
Colom dice que no se pueden hacer
consultas a diestra y siniestra, no
esgrime argumentos, solo reacciona ante el
avance de un movimiento vital que tiene
como objetivo defender los territorios.
Trata de taponar las salidas al
descontento y reafirma la actitud cerril
de la oligarquía que se niega a escuchar a
la población.
El Gobierno busca cómo
detener un proceso que ha agarrado fuerza
y contribuido a empoderar y juntar a
quienes han sido históricamente
sojuzgados. Incumpliendo su mandato, se
liga a los grupos inescrupulosos que están
depredando lo poco que nos queda.
Es condenable y
altamente peligroso que columnistas de los
medios estén propalando opiniones que
califican a las organizaciones populares
como terroristas, alentando de manera
irresponsable la violencia institucional y
la de grupos con poder que, a punta de
fuego, quieren adueñarse del país, para
sacarle hasta las últimas reservas de
vida. Es poco ético que desde estos
espacios se ignoren deliberadamente las
causas que han llevado a la gente a
organizarse para detener la voracidad de
empresas nacionales y extranjeras que,
bajo la bandera de invertir en el
desarrollo, vienen a explotar y destruir
estas tierras, sin que los pueblos reciban
ningún beneficio.
Da vergüenza ajena leer
a quienes todavía dicen que los pueblos
son manipulados por agentes
internacionales; su menosprecio hacia los
pobres es patente, y muestra los niveles
de racismo que todavía predominan.
Integrantes de los distintos movimientos
sociales coinciden en la necesidad urgente
de defender los territorios, y las
feministas estamos de acuerdo, pero
agregando que nuestros cuerpos también
deben ser considerados como territorios en
disputa, que es igualmente necesario
defender. Dialogar en torno a nuestras
vidas cotidianas, a la violencia, la
organización de las familias, la
sexualidad, amplía el horizonte de las
demandas, aunque muchos se sientan
incómodos con la exigencia de emprender
transformaciones de fondo, desde lo
personal e íntimo.
Nosotras insistimos en
que separar y jerarquizar las luchas es un
error político. Cerca de un millón de
personas en el país estamos diciendo que
no queremos minería, ni que contaminen y
privaticen el agua o que deforesten
nuestras montañas. No se trata de un
capricho, sino del acto más valiente y
lúcido que hoy se puede emprender:
defender a la Madre Tierra, impedir que el
capitalismo mate a la naturaleza, y con
ella, a la humanidad.
[Regresar al índice]
Aumento salarial
y trabajo femenino
Rosalinda
Hernández Alarcón
(Enero
2011)
El
minúsculo incremento al salario mínimo
no llegará a la mayoría de
guatemaltecas.
Históricamente la
burguesía aquí como en cualquier país se
ha opuesto a cualquier medida que
signifique mejorar el ingreso de las
personas trabajadoras. Su reacción
reiterada es rechazar cualquier incremento
salarial, así ha ocurrido recientemente en
Guatemala. Del otro lado, los líderes
sindicales se alegran de cualquier aumento
por insuficiente que sea. Lo que me
interesa destacar es que unos y otros no
ven a las mujeres.
El aumento establecido
por decreto, mismo que no alcanza ni los
30 dólares mensuales, difícilmente llegará
a las guatemaltecas, dado que la mayoría
de la población económicamente activa
femenina carece de empleo formal. Según
algunas estadísticas oficiales, ocho de
cada diez mujeres trabajadoras se
encuentran en esta situación de
desventaja; la cual se agudiza porque al
pertenecer al llamado sector informal;
asimismo están excluidas de las
prestaciones laborales como seguridad
social, vacaciones, aguinaldo, bono 14,
etcétera.
Los amplios
conglomerados de guatemaltecas que
realizan trabajo doméstico o en talleres
informales, que son artesanas o se
vinculan al comercio y otros servicios,
además se enfrentarán a los aumentos de
precios en comestibles, transporte, ropa,
etcétera. Ello significa que estas
trabajadoras no sólo estarán excluidas del
minúsculo aumento salarial sino sus
ingresos se verán mermados con la
voracidad de empresarios y comerciantes.
Las trabajadoras
formales seguramente recibirán un aumento,
aunque algunas perderán su fuente de
empleo, ya que los patrones justificarán
los despidos para poder cumplir con los
nuevos salarios mínimos. Los capataces o
supervisores ejercerán su capacidad de
maniobra para influir a quién sacar de las
planillas, mientras los empledores
impondrán mayores cargas de trabajo.
Para conocer más acerca
de las trabajadoras de maquilas y
agroindustrias, un estudio realizado por
Médicos del Mundo demuestra que la mayoría
de mujeres consultadas tiene menos de 30
años de edad y les exigieron como
requisito no estar embarazadas. En las
maquilas textiles alrededor del 81% cuenta
con contrato de trabajo por escrito,
mientras que en la agro-industria sólo lo
tienen el 36 por ciento. Tal irregularidad
abre la posibilidad para que una de cada
cuatro no reciba aguinaldo ni bono 14.
Es importante hacer
evidente este panorama, ya que siguen
predominando las miradas que ignoran a las
mujeres. Abordar la problemática de los
salarios mínimos, pasa necesariamente por
analizar qué medidas establecer a fin de
que todas las trabajadoras cuenten con
seguridad social y otras prestaciones.
Negarles tales derechos las coloca en
situación de mayor desventaja, ello sin
olvidar que en Guatemala existe una brecha
de género importante en los ingresos:
ellas ganan aproximadamente 40 centavos
por cada quetzal que perciben los hombres.
[Regresar al índice]
Desarrollo
que mata
Ana Cofiño
(5 de
febrero 2011)
Es un
crimen poner nuestros ríos en peligro de
extinción.
Estuve tomando fotos en
la zanja donde están instalando una gran
tubería para conducir las aguas negras de
varios poblados hacia el río Guacalate, en
el camino a Ciudad Vieja. Dicho proyecto,
a cargo de la municipalidad de Antigua,
constituye un atentado ambiental, puesto
que no toma en cuenta las precauciones
universalmente recomendadas. ¡No están
construyendo una planta de tratamiento, y
aunque se sabe que eso significa un daño
de proporciones graves, se ha dejado para
después! El razonamiento es que si de
todas maneras ya la caca cae al río, qué
más da seguir haciéndolo.
En esos días salió
publicada la noticia de la agonía del río
Huixta en Huehuetenango, el cual ha
mermado en su caudal y calidad del agua,
por la basura, café, linaza y otros
desperdicios que se le derraman,
provocando alarma entre los vecinos que
temen por su salud y la de sus hijos.
Laguna Campana de Oro en Chiquimula ya se
convirtió en pantano. En Suchitepéquez el
riachuelo Xeleká desapareció por tanta
basura que le depositaron. Y así, día a
día van muriendo las fuentes de vida para
comunidades enteras. Salir a recorrer el
país y ver los ríos se convierte en un
funeral: los que no han desaparecido o
muerto, están todos llenos de basura y
desechos químicos, huelen mal y sumergirse
en ellos es impensable. El placer de
bañarse en aguas prístinas o disfrutar sus
playas quedó en el pasado, gracias a la
falta de conciencia y a los abusos que
cometen empresarios, finqueros,
funcionarios e individuos. Especialistas
afirman que el 90 por ciento de nuestros
ríos está contaminado.
Desgraciadamente,
y no por casualidad, carecemos de estudios
disponibles que nos informen sobre ello,
quizá para ocultar una realidad que se ha
desbordado. Utilizar los ríos como
vertederos de basura, la deforestación de
las cuencas y nacimientos, el desvío para
el riego o las industrias, la minería
particularmente, y la construcción en sus
orillas, son fenómenos que deberían
considerarse ya como delitos ambientales,
y ser penados por la ley.
La oposición a las
grandes hidroeléctricas que muchos
manifestamos, pública y pacíficamente a
través de los medios de comunicación y en
consultas populares, no es un capricho ni
una manipulación comunista. La ciudadanía
ya está consciente de las amenazas que
conllevan: el represado a gran escala
causa que el flujo del río se altere, que
cambie la química de las aguas y por lo
mismo, su cantidad y calidad declinen. Las
mujeres sabemos que sin agua, la vida se
acaba. Por lo mismo, exigimos que los
proyectos que prometen el espejismo del
desarrollo, vayan de acuerdo con las
necesidades de las comunidades y su
entorno, sin ponerlas en peligro ni bajo
amenaza. La prioridad en la política debe
ser, sin duda, la recuperación y
protección de los bienes naturales y el
beneficio para todas las personas.
[Regresar al índice]
Las ruquitas
Anamaría
Cofiño
(Enero
2011)
Desde hace unas semanas
está viviendo con nosotros en casa una
señora de 87 años que es mi madre, la gran
lectora de la que he hablado antes. Su
presencia ha detonado una serie de
reflexiones colectivas tan entretenidas,
que hoy se las voy a compartir porque no
hay que olvidar que para allá vamos todos,
irrevocablemente. Ancianas, viejas, de la
tercera edad, como quieran que les
digamos, las personas mayores de ochenta
entran en la categoría de las grandes
ligas, por el tiempo que han vivido. A
muchas, ya nada les asombra porque han
visto de cerca y de lejos el amor, la
muerte, la continuidad y las rupturas.
Otras son temerosas, se encierran y viven
aferradas a un pasado de ilusión. Las
abuelas cibernéticas, las budistas y
tibetanas, las parranderas, las
trabajadoras son quizá, las que mejor la
llevan, siempre al ritmo de los tiempos,
aprovechando lo que la vida ofrece. Cuando
pienso en estas señoras dignas, no puedo
evitar evocar a doña Julita Urrutia,
maestra que inspira y estimula para seguir
el camino de la madurez, siempre
vitalmente. Valgan estas letras por la
admiración y el cariño que le tenemos.
Pues bien, entre
quienes rascamos los sesenta, muchos
estamos en las mismas, cuidando madres y
padres de casi noventa. Hay toda una
cultura que yo desconocía, un saber común
de cómo entender y atenderles, cómo
compartir esa parte final de sus vidas,
que frecuentemente nos toca a las mujeres,
quizá por aquello de los ciclos de la vida
o porque obedecemos mandatos ancestrales.
Pienso que es una
manera de retribuir el cuidado y el afecto
recibido en la infancia, y de retornar a
la matriz desde fuera, en una relación de
poder distinta. Me explico: en la madre,
nuestra primordial formadora, están las
raíces de nuestras creencias, de nuestras
maneras de amar y entender el mundo.
Fueron ellas o sus sustitutas quienes nos
dieron la palabra. Así que tener cerca a
la madre en la adultez nos permite
espejearnos, vernos en ella como la otra,
aunque similar. Llega un punto en que
parece que somos nosotras las madres de
las ruquitas.
En el caso de las
guatemaltecas, asumir el cuidado de las
ancianas ha sido tarea de las nueras o
hijas. Los hombres generalmente se han
hecho la brocha, con honrosas excepciones,
que cada día suman más. Conozco familias
en las que a la señora mayor se le dedica
tiempo, energía, bienestar, en un reparto
equitativo, como una tradición
incuestionable. Entre las culturas
mesoamericanas las ancianas son concebidas
como seres de sabiduría y se les respeta y
escucha.
El consejo más
escuchado es tener paciencia. Y una se
pregunta ¿de dónde la saco, cómo me la
trabajo? La respuesta sólo está dentro, es
una decisión y un esfuerzo que puede o no
estar acompañado del amor, aunque éste
ayuda enormemente.
[Regresar al índice]
Diálogos de sordos
Rosalinda
Hernández Alarcón
(Enero
2011)
Dialogar es
comunicar, es trascender el hablar y
escuchar.
La rendición de cuentas
de funcionarios públicos, entendida como
el reporte de acciones realizadas y sus
resultados, forma parte del ejercicio de
derechos democráticos siempre y cuando la
información proporcionada se ajuste a la
verdad y las personas interlocutoras
tengan capacidad de escucha, de crítica
(evitando la descalificación) y de
diálogo. Esta práctica dista mucho de lo
ocurrido en la presentación del III
Informe Presidencial ante el Congreso de
Guatemala.
Una vez finalizado el
discurso del mandatario Álvaro Colom, las
primeras reacciones de diputadas y
diputados se centraron en comentarios
repetitivos, que han utilizado para
manifestar su apoyo u oposición al partido
gobernante, de tal manera que dejaron
entrever cuán poco escucharon el informe.
Podrían haber hecho un esfuerzo los
opositores para responder críticamente al
reporte con argumentos. En la rendición de
cuentas también tienen una responsabilidad
quienes fiscalizan la actuación de los
gobernantes. Con respecto al mensaje
presidencial, es preciso señalar que
contiene algunas informaciones alejadas de
la realidad. Por falta de espacio, sólo me
referiré a la defensa que hizo del Sistema
Nacional de Diálogo, en tanto sus acciones
no han contribuido a resolver problemas
nacionales ni locales, como afirmó.
Si bien es cierto, como
expresó el presidente de Guatemala, el
diálogo y la justicia son elementos claves
para garantizar la gobernabilidad, el
informe tendría que haber dado cuenta que
las mesas establecidas no lograron
resultados para la población rural ni para
los pueblos indígenas, que han denunciado
la falta de solución a sus demandas.
A decir de delegadas y
delegados que han formado parte de mesas
de diálogo, tales instancias han servido
para desmovilizar a las organizaciones
sociales, sus conclusiones no tienen
carácter vinculante, son espacios de
entretención e incapaces de crear
condiciones equitativas y justas, ya que
predominan las relaciones de poder
capitalista, patriarcal y racista.
Algunas instancias,
como la Secretaría de Asuntos Agrarios,
han tenido una acción muy limitada para
resolver incluso problemas concretos.
Prueba de ello es que en esta
administración se ha recurrido a los
desalojos, como igual se hizo en gobiernos
anteriores sin mesas de diálogo. Otro
tropiezo ha sido la disposición del
Ejecutivo de crear varios espacios para
atender la conflictividad, diluyendo así
los mandatos de unas instancias sobre
otras, ambas encargadas de la solución de
conflictos.
El resultado de los
diálogos gubernamentales es que las cosas
sigan igual, como ha sucedido por ejemplo
en las mesas de discusión entre finqueros
y campesinos o entre trabajadores y la
parte patronal. De ahí las pocas
perspectivas que se le ven al espacio
anunciado para hacer propuestas
socioeconómicas entre la cúpula
empresarial y algunos sindicalistas.
[Regresar al índice]
|
|
Publicadas
los días sábado en el diario guatemalteco
elPeriódico, escritas por Anamaría Cofiño
y Rosalinda Hernández Alarcón.